El juez federal subrogante del Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo e indagó al ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz; al ex jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Miguel Wolk; al ex jefe de la Brigada de Lanús Bruno Trevisán, y a otros nueve ex policías por seis homicidios perpetrados entre el 15 y el 16 de marzo de 1977 durante dos ataques a domicilios particulares de Almirante Brown y Lomas de Zamora, respectivamente.
La orden judicial fue concretada entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre y responde al pedido formulado por el fiscal federal subrogante Sergio Mola, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa en la que se investigan los homicidios de María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicenta Orrego Meza de Ramírez, en el primero de los hechos, y Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y un hombre no identificado aún.
En una investigación que cruzó datos de partes de inteligencia, legajos policiales y declaraciones de testigos presenciales, el fiscal Mola pudo individualizar a los partícipes directos de ambos episodios y sus responsables jerárquicos. Entre los documentos utilizados por la Fiscalía para probar la responsabilidad de los imputados, hay dos felicitaciones firmadas por el jefe policial Ramón Camps el 30 de junio y el 18 de julio de 1977 que refieren la nómina de los policías que intervinieron en los hechos y que fueron agregadas a sus legajos personales "por haber protagonizado actos destacados del servicio". En efecto, las fuerzas represivas presentaron previamente las masacres en los medios como enfrentamientos armados.
Tanto Smart, como Etchecolatz, Wolk y Trevisán se encuentran detenidos en diferentes causas por crímenes contra la humanidad y son considerados por la Fiscalía y el juez como autores mediatos de los hechos, que fueron calificados como homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, por la utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de dos personas. A todos ellos, Villena les tomó declaración indagatoria este miércoles, mientras que al resto de los imputados, que fueron capturados en diferentes procedimientos, los indagó ayer. Hay aún dos prófugos: los ex policías de la Brigada de Lanús, Rubén Carlos Chávez, y de la comisaría primera de Almirante Brown, Juan Carlos Cabrera.
La investigación cruzó datos de partes de inteligencia, legajos policiales y declaraciones de testigos. Dos felicitaciones firmadas por el jefe policial Camps aportan los nombres de los imputados.
Los nueve detenidos indagados ayer son el ex policía de la comisaría primera de Almirante Brown Roberto Armando Zarate y los siguientes funcionarios que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús: los oficiales inspector Armando Antonio Calabró y Carlos Alberto Ramallo, los oficiales subinspector Juan Carlos Tuvus, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescángelli, el ex cabo Mario Dante Ercoli y el ex sargento Antonio Pedro Génova, y el agente José Augusto López.
La mayoría está imputado por los dos hechos, con las excepciones de Zárate y Cabrera, a quienes se imputa el primer caso, y de López, a quien sólo se intimó por el segundo.
La mamá de los hermanos Ramírez
La investigación sobre el episodio del 15 de marzo de 1977 es una consecuencia directa de otra causa que ya fue elevada a juicio. Vicenta Orrego, asesinada en ese procedimiento ilegal perpetrado poco antes del amanecer en una casa del barrio San José de Almirante Brown, era la madre de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez. Tras la masacre, los entonces niños de 2, 4 y 5 años de edad fueron retenidos y ocultados de su familia biológica, con la actuación indispensable del personal del Tribunal de Menores Nº1 de Lomas de Zamora, y sometidos a malos tratos y abusos sexuales hasta 1983 por directivos del Pequeño Hogar de Belén, de Banfield. Esa causa, con cuatro civiles imputados, entre ellos funcionarios judiciales, espera fecha de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata.
Según describió Mola en base a las pruebas recogidas sobre los hechos, nutridas de una importante cantidad de testimonios de vecinos, aquél 15 de marzo decenas de miembros de la Policía y el Ejército rodearon la vivienda precaria, situada en la calle Nother, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde vivía Orrego con sus tres niños y a la que hacía pocos días habían arribado sus compañeros de militancia, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, huyendo de la persecución política.
"Sin alertar sobre su presencia, sin intimar la entrega de los moradores y sin identificarse, de manera sorpresiva, abrieron fuego contra el inmueble, el que se prolongó, por al menos, quince minutos. Es posible que, en determinado momento del ataque, haya habido alguna respuesta desde el interior de la vivienda, exigua y de poca significancia en relación con el poder de la agresión. En ese momento, quienes estaban dentro de la casa, solicitaron un alto el fuego para poder evacuar a los niños que estaban en la vivienda", escribió Mola en el pedido de indagatoria.
"Luego de conducirla unos pasos hasta el límite de la construcción de la casa, con su arma de puño, de manera artera y sin mediar provocación ni justificación alguna, le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte".
"Una vez que cesaron los disparos, Vicenta Orrego Meza comenzó a evacuar a sus hijos por la ventana que daba al fondo de la vivienda. Primero salió Carlos –de cinco años- quien fue tomado en brazos por un efectivo. Éste lo pasó a otro y así sucesivamente (en una especie de cadena humana) hasta que lo dejaron solo en medio del baldío lindante", agregó. "Lo mismo ocurrió con María Ester, de tres años. Por último, egresó por la ventana Vicenta Orrego, llevaba en brazos al menor de sus hijos –Mariano Alejandro de dos años-, además exhibía y agitaba un trapo blanco, comunicando de forma clara, entendible e indiscutible que se estaba entregando. Vicenta fue recibida por el mismo efectivo que había tomado a sus otros hijos quien, luego de conducirla unos pasos hasta el límite de la construcción de la casa, con su arma de puño, de manera artera y sin mediar provocación ni justificación alguna, le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte. Vicenta cayó al suelo con el niño aún en brazos, el cual fue apartado (mediante una patada) del cuerpo de la madre sobre quien, seguidamente, se disparó una ráfaga de ametralladora", describió el fiscal.
Ruibal y Alvarenga también fueron masacrados. Sus cuerpos, al igual que el de Vicenta Orrego, fueron inhumados en tumbas sin identificación en el cementerio de Rafael Calzada. La casa, en tanto, fue destruida y abierta para el saqueo.
La persecución después de Trelew
El procedimiento realizado al día siguiente por la mayoría de los policías imputados por la Fiscalía y miembros del Ejército fue perpetrado alrededor de las 12:00 en una vivienda de Ascasubi y Camino de Cintura de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. "La zona fue rodeada por más de 200 efectivos habiéndose apostado personal policial y militar en los techos de las viviendas vecinas e incluso en la 'zanja' que existía al costado del Camino de Cintura", indicó el fiscal.
En ese domicilio estaban el médico Pedro Juan Berger -padre de María Antonia, una de las sobrevivientes de la Masacre de Trelew de 1972-, Narcisa Adelaida Encinas y una persona aún no identificada pero que, por diferentes elementos, la Fiscalía sospecha que podría tratarse de Andrés Steketee. "Las víctimas se rindieron, salieron de la casa con las manos en alto y fueron acribillados", indicó Mola.
Gracias a diferentes testimonios, el fiscal pudo reconstruir que en los días previos varios miembros de la Policía realizaron tareas de inteligencia sobre el lugar. A la Fiscalía no le quedaron dudas de que el objetivo del procedimiento fue el asesinato y, en ese sentido, citó a un testigo: “Si los hubieran querido agarrar vivos hubieran podido… Tanto despliegue para matar a tres viejos”, dijo un vecino que declaró en la Fiscalía.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron sepultados al día siguiente en tumbas NN en el cementerio de Lomas de Zamora. Fue adrede el anonimato de las sepulturas, pues los medios consignaron los nombres de dos ellas.
