El Tribunal conformado por los jueces Eduardo Raúl Delbés, María Silvia Oyhamburu y Claudio Bernard resolvió por unanimidad condenar a reclusión perpetua al ex comisario Luis Raúl Ponce –prófugo dos décadas y cuatro años y medio detenido- por hallarlo responsable directo de la detención arbitraria e ilegal en la Brigada de Investigaciones de La Plata del albañil Andrés Núñez por el supuesto robo de una bicicleta. A su vez, fue probado su co participación y responsabilidad en las torturas sistemáticas impartidas sobre él -submarino seco, golpes, ataduras de manos y pies-, su asesinato y enterramiento clandestino en un campo en General Belgrano.
Ponce optó por no estar presente durante las dos horas y media que duró la lectura del fallo. Aceptó la propuesta del presidente del Tribunal de escucharla en una habitación contigua, alejado de las cámaras de la prensa y de una sala colmada de familiares víctimas de violencia institucional y organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que estaban acompañando a Mirna Gómez, esposa de Andrés y querellante en la causa.
Familiares víctimas de violencia institucional y referentes de organismos de derechos humanos acompañaron a Mirna Gómez y su familia durante la lectura del fallo.
En estos 27 años de lucha por verdad y justicia, Mirna Gómez consiguió en 2010 que dos de los policías involucrados, Víctor Dos Santos y Alfredo González, recibieran condena a prisión perpetua por el asesinato de Núñez. Desde diciembre de 1993 permanece prófugo Pablo Martín Gerez, otro de los policías involucrados. Los agentes Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla están siendo actualmente investigados por encubrimiento.
“Estoy muy contenta. Yo intuía que la resolución iba a ser favorable por todo lo que habíamos escuchado durante el juicio. Todo apuntaba a la responsabilidad de Ponce, a Gerez y a los otros dos que ya están condenados. Se hizo justicia. Aunque no me van a devolver al padre de mi hija, vuelvo a sentir que vamos a seguir; nadie nos va a bajar los brazos porque falta encontrar a Geréz. Seguiremos luchando y yo lo voy a traer si la Justicia no lo trae. Les agradezco a todos, a las madres, los familiares, las organizaciones que me han acompañado. También le agradezco a mi hijo por acompañarme siempre”, expresó emocionada Mirna luego de escuchar el fallo.
En el marco de esta causa, la Comisión por la Memoria entregó documentación a la Unidad Funcional de Defensa 1 del Ministerio Público: documentos, fichas y legajos de la ex Dirección de Inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Los expedientes de la ex DIPPBA aportados contienen el registro de las tareas de inteligencia llevadas a cabo contra los familiares y las organizaciones que los acompañaron, así como de aquellas que nucleaban a familiares víctimas de la violencia institucional. También recomendaciones realizadas por la DIPPBA a las autoridades policiales sobre la importancia de seguir de cerca el devenir de la causa y a sus protagonistas. Además, la CPM ofició como organismo veedor de todo el proceso judicial y estuvo presente en la lectura del veredicto.
Sandra Raggio, directora general, y Roberto Cipriano García, secretario de la CPM abrazan a Mirna Gómez luego de conocida la sentencia.
“La sentencia fue muy clara, muy contundente. Esperábamos algo así, no sólo por todos los hechos probados en esta causa sino por lo probado en juicios anteriores donde se encontró a los otros policías responsables por las torturas, desaparición y muerte de Andrés Núñez. Nos duele decir que esta justicia llega 27 años después. Estamos ante una familia que tuvo que esperar casi tres décadas para que la justicia condene a Ponce, uno de los responsables de estos hechos. Celebramos de igual modo que, en algún sentido, la Justicia repare a las víctimas”, expresó Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, y agregó: “el fallo es muy bueno pero todo el tiempo hizo eje en el pasado, en lo que pasaba en relación a los primeros años de recuperada la democracia. Creo que muchas de las conductas que se han descripto en este fallo son conductas de la policía que se reiteran en el presente. Lo vemos cotidianamente en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que este fallo se tenga en cuenta y que el Poder Judicial, que los jueces tengan presente que estas prácticas continúan y que hace falta mucho más que un buen fallo, 30 años después, para terminar con estas prácticas”.
El caso de Andrés Núñez y el del estudiante Miguel Bru son dos de los casos emblemáticos de la década del 90 porque ambos fueron desaparecidos en democracia en la ciudad de La Plata. En ambos también, la tenacidad y lucha de dos mujeres permitió desnudar la complicidad judicial con las fuerzas de seguridad y develar el accionar del juez Amílcar Vara.
Este es el segundo juicio que se realiza por el caso Núñez. En 2010, la Justicia condenó a la pena de prisión perpetua al ex sargento Jorge Alfredo González por privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte, y al ex cabo Víctor Dos Santos por el segundo de los delitos. Ambos eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, cuyo jefe era Ponce.
Andrés Núñez fue secuestrado en su casa de Villa Elvira por un grupo de policías que lo redujeron y trasladaron a la Brigada de Investigaciones, donde fue sometido a torturas y fue asesinado. Su cuerpo fue quemado en un campo de la ciudad de General Belgrano. Durante cinco años, la familia no pudo hallar sus restos, hasta que José Daniel Ramos, uno de los policías implicados, colaboró en la causa para beneficiarse e indicó el lugar donde estaba el cadáver.
