Se trata de los jueces federales Carlos Julio Lascano, Abel Fleming y Domingo José Batule, designados en reemplazo de Juan Ramos Padilla, Alicia Noli y José Maria Pérez Villalobo, apartados el año pasado por una resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación luego de que, desde el 22 de agosto de 2016, hubieran declarado numerosos testigos-víctimas en las audiencias del debate oral y público, que volvió a fojas cero y con la nueva composición del tribunal deberá reiniciarse en fecha todavía determinarse.
En 2016, los abogados de los imputados recusaron a los jueces por "parcialidad" y respecto de Noli sotuvieron entre otros argumentos que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.
También adujeron que Villalobo se reunió antes del juicio con querellantes y que Padilla fue querellante en otras causas de derechos humanos, además de sostener que dos de los jueces integraron o tuvieron vinculación antes o durante la dictadura con el PRT-ERP.
Durante las audiencias de 2016, los acusados, entre ellos el ex juez federal Olmedo De Arzuaga, militares retirados, policías y un civil, se negaron a prestar declaración indagatoria.
Militares y policías acusados, entre ellos el ex comisario condenado en otras causas Antonio Musa Azar, llegaron al juicio procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes una "asociación ilícita".
Entre las víctimas comprendidas en esta causa, el TOF juzgará la responsabilidad de los imputados en las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi,Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad.
Olmedo de Arzuaga (foto) llega a juicio oral acusado de "violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita", cometidos antes y durante la última dictadura.
Debido al fracaso de sucesivos intentos de iniciar este juicio, con sucesivos tribunales de diversa composición, los querellantes reclamaron acciones para garantizar su realización a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación.
Después de años de espera, el juicio oral y público de la denominada Megacausa III había comenzado en agosto de 2016 con 14 acusados, entre ellos los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, además de militares y policías.
En septiembre, fallecieron dos de los imputados: Liendo Roca, a los 80 años, y el oficial retirado del Ejército Cayetano Fiorini, a los 92, y desde el inicio de la causa murieron testigos sobrevivientes de la represión de la última dictadura y también otros acusados.
