La demanda busca que se los provea de tierras aptas y suficientes para el desarrollo conforme a sus pautas culturales, y una vez que las mismas sean provistas, se les otorgue el título de propiedad comunitaria indígena.
Para acompañar la presentación la comunidad movilizó a la Cámara Federa de La Plata. De acuerdo con su cosmovisión el acceso a la tierra viene atado de la posibilidad de desarrollar y ejercer el resto de sus derechos.
En la presentación hacen responsable al Gobierno Nacional por la falta de implementación real de los derechos de los pueblos indígenas, junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y varios de sus ministerios; así como identifican también como responsables solidarios al estado provincial y municipal que deberían garantizarles el acceso a una vida digna. “El problema indígena amerita soluciones profundas por lo que debe tenerse presente las distintas instancias de un Estado en sentido lato”, aseguran en el escrito.
La comunidad frente a los tribunales donde presentaron el amparo
Miembros de la comunidad frente a los tribunales donde presentaron el amparo
La Comunidad Iwi Imemb´y (Hijos de la Tierra) perteneciente al Pueblo Ava Guaraní. El conflicto por la tierra inició en Salta en septiembre del 2003, cuando un juez ordenó el desalojo de su territorio tradicional.
En ese momento la provincia de Salta había vendido a la empresa Seabord Corporation tierras que figuraban en los registros provinciales como “tierras fiscales”, pero que estaban ocupadas ancestral y tradicionalmente por la Comunidad indígena Iguopeigendá. Así, algunos de sus miembros se vieron forzados a migrar a la Provincia de Buenos Aires.
Aquí los Iwi Imemb´y se asentaron en el Paraje “El Peligro” del partido de La Plata hace más de 13 años. Allí llegaron a arrendar una hectárea de tierra que es la que ahora reclaman para su desarrollo. La agricultura es la actividad básica desde la que asientan su cultura y que les permite también un sostén económico.
Hoy la comunidad está conformada por nueve familias entre los que hay 17 niños y 11 jóvenes. En octubre de 2016 la dueña cesó el contrato por el que trabajaban en ese terreno y la comunidad terminó desmembrada al tener que vivir en tres localidades diferentes.
