Ambos proyectos están dentro de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, impulsada por su administración luego de los casos Penta, Soquimich y Caval.
La ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda contó con la presencia de los ministros del Interior y Seguridad Pública (Jorge Burgos), de Hacienda (Rodrigo Valdés) y de Justicia (Javiera Blanco), donde la Presidenta declaró que “no va a esconder bajo la alfombra las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido”.
Bachelet en la oportunidad detalló el grueso de los proyectos, que proponen que “no podrán ingresar a un organismo público quienes tengan derechos en una sociedad con la que ese organismo tenga contratos por más de 200 UTM (Unidad Tributaria Mensual) o litigios pendientes".
Tampoco, quienes hayan hecho lobby ante ese organismo en los 12 meses anteriores, y "no podrán ingresar a los órganos fiscalizadores, ex gerentes o directores de órganos fiscalizados”, acotó la mandataria.
El Proyecto de Ley que regula los conflictos de intereses, determina cuándo hay inhabilidades e incompatibilidades para entrar en el servicio público, estableciendo en qué casos las autoridades y funcionarios deben abstenerse de participar en una votación.
En tanto, el proyecto de ley que modifica el Código Penal incorpora por primera vez el delito de corrupción entre privados y amplía el actual delito de tráfico de influencias, perfeccionándolo y elevando sus penas, juntos con los de cohecho, soborno y negociación incompatible.
Con estas normas, La Moneda busca restablecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y privadas, perfeccionando el correcto ejercicio de la función pública y mejorando el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre privados.
