“Pensamos en una herramienta para generar estrategias y políticas públicas”, dijo la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana “Pipi” Oberlin, al referirse a la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el odio de género.
Encabeza un equipo conformado por una decena de mujeres que trabajan en distintas áreas del organismo y, desde junio del año pasado, construyen una base de datos en la que se proponen reflejar “si existieron intervenciones estatales anteriores a los homicidios, cuáles fueron y, fundamentalmente, qué hizo el Poder Judicial en el abordaje del caso”.
Antes de avanzar, el equipo de trabajo se reunió con quienes llevan adelante tareas similares en “la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia Nacional y el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). “También con las compañeras de la Casa del Encuentro, que vienen registrando el número de femicidios”, apuntó Oberlin, entre otros ejemplos. Y aclaró que el objetivo del registro –que prevé presentar un informe parcial a fin de año- es dar cuenta de las circunstancias y el contexto que permite que una mujer sea asesinada por el hecho de serlo, tal como lo establece el Ley Nº 26.485.
¿Qué preguntas las guiaron en la construcción de la base de datos?
Queremos dar cuenta de la mayor cantidad de datos: de quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los victimarios, la mecánica en la que ocurrió el hecho, y por ejemplo, si hay incidencia de la cobertura mediática cuando una mujer es atacada con fuego. Y, además, nos proponemos tener una mirada muy fuerte sobre qué se hizo en el expediente judicial.
Esto es: si hubo denuncias anteriores; cómo se abordó el homicidio en sí; si se caratuló como femicidio; si se solicitaron medidas de prueba conocer si había una historia de violencia previa, si hizo lugar a los pedidos de querellas y fiscalía, entre otros.
¿Qué fuentes relevan?
Principalmente, apuntamos a obtener la información judicial en todos los casos, para poder hacer un análisis serio. Incorporamos los casos que llegan a la Secretaría, los que llevan al Consejo de la Mujer, con quienes trabajamos en la creación del registro.
Además, el 19 de noviembre del año pasado, en la última reunión del Consejo Federal las autoridades provinciales de Derechos Humanos se comprometieron a acompañar y apoyar para la recopilación de la información disponible en sus jurisdicciones sobre los femicidios y los homicidios agravados por el género.
En el plano lo judicial ¿se plantean tensiones entre el trámite de las denuncias anteriores si se hacen en la justicia civil o la penal?
No me animaría a hacer una generalidad. Pero lo que la experiencia me ha demostrado que en estos casos los jueces no suelen atender a las alertas previas, del fuero que sea. Hay un historial previo que es sistemáticamente desatendido. Y ese es uno de los puntos cruciales en los que tenemos que trabajar. No podemos decir que las denuncias no se toman, en general se reciben, pero después no hay una respuesta judicial adecuada.
¿El objetivo es construir esta información para diseñar políticas públicas? ¿Hay algunas proyectadas a partir del diagnóstico previo?
Ana tiene experiencia en lidiar en los pasillos judiciales con perspectiva de género. “Yo vengo de un matriarcado puro”, contó al promediar la entrevista, al ser consultada por Infojus Noticias sobre sus referentes. “Mi abuela estaba separada de mi abuelo y de mis tías, una estaba separada y otra era de soltera”, repasó.
Ella tenía un año, cuando René, su padre, un cuadro de Montoneros, fue secuestrado en la última dictadura. Con tres chicos a cargo, su mamá, Ana Berraute, logró eludirlos y volvió a Santa Fe, donde los crió. “Sin duda eso influyó, en mi familia, siempre supe que las mujeres podemos mucho”, dijo al referirse a su elección de trabajar desde el derecho con perspectiva de género.
En 2002, Ana representó a Érica Córdoba, una adolescente violada por tres policías en una comisaría de Rosario. Y en ese caso, enfrentó la violencia machista instalada en la trama judicial. “Cuando fuimos al juzgado a que nos devolvieran la ropa, el empleado judicial que hizo el acta de entrega sacó la pollera y dijo ¡ah esto tenía puesto!”, recordó Ana. “Es la mirada sexista que sigue promoviendo”, lamentó y recordó que la condena en ese caso no fue suficiente, tres años después la joven se quitó la vida.
Dejar impune judicialmente estos casos y promover estas miradas implica seguir promoviendo que ocurra. Eso hay que entenderlo de una vez, no es anodino que un empleado judicial piense de esa manera, porque si le parece que está mal que tenga esa pollera, le parece que está justificado o que ella se puso en el riesgo. Si no desterramos todas esas miradas se promueve que ocurran estos casos.
¿Se observa esta mirada estigmatizante en otras causas?
Cuando se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad en 2002, trabajé e investigué los delitos de contra la integridad sexual dentro de los centros clandestinos de detención.
No es distinta la mirada que recae en el caso de una joven violada en la actualidad, los delitos contra la integridad sexual primero fueron ignorados; incluso, muchas compañeras y compañeros, aceptaban que se tipifiquen como tormentos.
Pero las víctimas, las que quieren que se los condenen por esos delitos, quieren que se haga correctamente. No es lo mismo que te violen a que te torturen, hay componentes que no deben ser ignorados.
¿Lo penal puede ser una puerta de entrada para abordar el tema? ¿Es demasiado pensarlo como solución?
No lo soluciona todo, pero puede ser una herramienta contundente. Hay que trabajar para que no haya impunidad en estos casos. Y no solo en los de femicidio, sino también en los de violencia de género.
Por ejemplo, en los delitos contra la integridad sexual se adoptó esa dominación en 1999. Pero todavía muchos jueces siguen hablando de delitos contra el honor y además ponen la mirada sobre la víctima, justamente uno de los puntos que el derecho internacional de los derechos humanos fija que nunca debe ser así.
La mirada debe estar sobre lo que le hicieron a esa persona. El mensaje debe ser claro: hay leyes y hay que aplicarlas.
*Por: Milva Benitez, Infojus Noticias
Fotografía Alejandro Kaminetzky
