El punto de vista heleno en su negociación de la deuda pública con los acreedores se vio refrendado hoy por la difusión de las conclusiones de una comisión internacional de expertos que lleva a cabo una auditoría y considera que la deuda contraída desde 2010 a 2015 es fruto de acuerdos que infringen los derechos humanos.
La comisión está coordinada por el politólogo belga Eric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, y empezó a trabajar en abril de forma voluntaria.
"Grecia no sólo no puede pagar la deuda, sino que no debe pagarla, porque los acuerdos con la troika infringen directamente los derechos humanos de los griegos" Entre las personas que comparecieron durante estos meses ante los expertos, destacan el que fue consejero del presidente de la Comisión Europea, Philippe Legrain, y el ex representante griego del Fondo Monetario Internacional, Panayotis Rumeliotis, quienes, según Konstandopulu, admitieron que el "plan griego fue dictado para forzar al país a pagar la deuda".
Los primeros resultados analizan el periodo comprendido desde la firma del primer rescate con las instituciones en 2010 hasta la actualidad, aunque el objetivo de la comisión es "analizar el crecimiento de la deuda pública griega desde la década de 1980".
El estudio, relató Toussaint, hace responsables a los bancos por la crisis griega, así como ocurrió las de Estados Unidos, Irlanda y España, y asegura que "en el periodo anterior a la crisis el gasto público griego era inferior a la media de los países europeos occidentales".
Toussaint reiteró que la mayor parte del dinero prestado se destinó a la devolución de la deuda y "menos del 10 % de los fondos de los rescates llegaron a la población griega".
La comisión destaca que las autoridades griegas, junto a otros gobiernos de la Unión Europea, "conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública para proteger a las instituciones financieras".
