Cuando el Gobierno regional de Cristina Cifuentes anunció que los quirófanos en centros públicos volverían a abrir por las tardes, los médicos avisaron de que se les exigía, por cada paciente operado en un hospital público, derivar a otros dos enfermos a otro centro.
En concreto, se determinó la apertura del 60% de los quirófanos a partir del mes de noviembre, con el fin de reducir las listas de espera. Ahora que ha llegado el momento, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) denuncia que “los únicos centros que apenas tienen pacientes esperando una operación, o tienen la posibilidad de operar fuera de las instalaciones del propio hospital son los que están gestionados por empresas privadas”, según declaraciones de la portavoz, Marta Hernández, a Cadena Ser.
Según los facultativos, los pactos propuestos por el consejero, Jesús Sánchez Martos, “priman la autoderivación desde hospitales de gestión indirecta a sus clínicas privadas”. Denuncian que los pacientes derivados no serán revisados “como es debido” por los cirujanos que los intervengan y critican que no se mida “ni un parámetro clínico de resultados ni reintervenciones” por lo que “no miden la calidad sanitaria”.
“Son demenciales”, denuncia la portavoz. Explica a Cadena Ser que “para que un servicio se pueda adscribir, tiene que comprometerse primero a derivar a otro centro al doble de pacientes que opere. Una vez adquirido ese compromiso se empieza a aplicar una especie de baremo por puntos con el que se calcula el dinero que la consejería abonará por lote de pacientes operado”, denuncia la AFEM.
Según Marta Hernández “lo que más puntos da son las derivaciones, también da puntos operar a los pacientes fuera de las instalaciones del hospital, otro guiño directo a los centros de gestión privada porque son los únicos que tienen quirófanos fuera de los centros”.
Son pactos “moralmente inaceptables que están ocultando una privatización encubierta”, insiste Hernández. La Asociación considera que los Pactos de Gestión incumplen el principio de libre elección de los pacientes sobre el centro en el que prefieren ser operados. Critican la opacidad con la que la Consejería está llevando a cabo el proceso y sostienen que muchos jefes de sección, los únicos a los que la Comunidad informa, están negándose a firmarlos los pactos.
