“Hoy es una tarde especial, es un día muy importante en la historia de la defensa de los derechos humanos que Costa Rica siempre ha enarbolado”, expresó Solís en una conferencia de prensa junto a cuatro de sus ministros.
La CorteIDH emitió hoy un informe en el que valida un decreto con el que el Gobierno pretende regular la fecundación in vitro, pero que fue anulado por la Sala Constitucional el tres de febrero pasado.
En un informe de supervisión de cumplimiento de sentencia, la CorteIDH dispuso que “se mantenga vigente el decreto ejecutivo del 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior”.
Además, el tribunal continental indicó que “debe entenderse que la fecundación in vitro (FIV) está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público”.
Solís dijo hoy que todo el Estado costarricense está obligado a acatar la decisión de la CorteIDH y que con su resolución, el decreto “se constituye en la piedra angular que permite la fertilización in vitro en el país”.
“La Corte da una orden clara y concreta para el Estado, todos sus órganos e individuos. El pronunciamiento será acatado”, expresó el gobernante.
Solís afirmó que la aplicación de la FIV será una “prioridad para el Estado” y por ello se reforzará el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Colegio de Médicos.
El ministro de Salud, Fernando Llorca, explicó que la FIV se comenzará aplicar en el país en el ámbito privado una vez que los laboratorios reciban los permisos respectivo del Gobierno, mientras que en los hospitales públicos en un plazo máximo de dos años.
El decreto de septiembre pasado, firmado por el presidente Solís, le da dos años a la Caja Costarricense del Seguro Social para implementar la técnica médica, a la cual podría acceder cualquier mujer mayor de edad, soltera o con pareja, pero con algunos requisitos como ser infértil y haberse sometido a otras técnicas menos invasivas.
Sin embargo, el pasado tres de febrero la Sala Constitucional anuló el decreto al afirmar que “todo lo relativo a la regulación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud, es materia reservada al legislador ordinario” y emplazó al Congreso a emitir una ley para regular la FIV.
El Gobierno y los afectados del caso pidieron a la CorteIDH que se pronunciara sobre el decreto y el tribunal internacional validó hoy el decreto.
En el 2012 la CorteIDH condenó a Costa Rica por prohibir la FIV, pues consideró que estaba vulnerando el derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y a la no discriminación.
La fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el año 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.
