“Por el contrario, la experiencia nos indica que la participación política no es el antónimo de la calidad académica sino un requisito indispensable”, dice un comunicado de REDCOM difundido este fin de semana.
La llamada Reforma de 1918, movimiento opuesto a la concepción académica medieval y clerical que renovó la Universidad argentina instituyendo la autonomía universitaria y la libertad de cátedras, fue producto de militancias políticas. Desde entonces, las instituciones públicas de educación superior han sido cogobernadas por los distintos actores de la comunidad educativa. Todas las fuerzas políticas -incluidas las que integran la Alianza Cambiemos- participan periódicamente de elecciones en las universidades. ¿Cómo imaginar estos espacios de formación sin la necesaria participación política? O más: ¿cómo es posible la democracia y el pleno ejercicio de la ciudadanía sin militancia?
La Reforma fue un hito inicial en el proceso de democratización de nuestras universidades, al que le siguió la gratuidad de la enseñanza -instituida en 1948 y defendida en los años ´90 frente a los planes de arancelamiento que demandaban los organismos financieros internacionales- y la expansión territorial del sistema universitario, en especial en los últimos años.
Este proceso, que de modo equívoco tiende a ser asociado sólo a las "universidades del Conurbano", dio como resultado que hoy todas las provincias argentinas cuentan con al menos una universidad pública. Este avance es coherente con el entendimiento de la educación superior como un derecho humano, según los principios definidos por la UNESCO en 2008 en Cartagena de Indias, donde se planteó que educación superior debe ser inclusiva, de calidad y pertinente.
Buena parte de nuestra Red está conformada por esas "nuevas universidades" cuya función ha sido puesta en duda por el relato oficial y también en una serie de artículos publicados en los diarios La Nación y Clarín.
Con puntos de vista que estigmatizan la militancia política y parámetros de evaluación mercantilistas idénticos a los que justificaban los planes de arancelamiento hace 20 años, estos planteos ignoran la realidad de universidades que forman científicos, profesionales y técnicos para el desarrollo del país, en las que alrededor del 80% de los estudiantes son la primera generación en sus familias que accede a la educación superior.
En la experiencia de gestión de estas unidades académicas hemos sabido desmontar el falso razonamiento que oponía inclusión a calidad, para entender que no es posible una sin otra. Hoy, con el repaso de cien años de historia de un sistema de educación, ciencia y tecnología reconocido mundialmente, también debemos reafirmar que no hay excelencia académica sin militancia política.
Y la necesidad de aclararlo nos pone en estado de alerta. Una alerta que está en línea con el pronunciamiento que realizamos en agosto pasado, cuando pedimos a la totalidad de los candidatos presidenciales que garantizaran el mantenimiento y profundización de políticas como la ley que asegura un 6% del PBI destinado a educación, los programas de mejoramiento de la calidad universitaria, las obras de infraestructura y planes como Progresar y Conectar Igualdad, cuya continuidad hoy está en jaque. Seis meses después, reafirmamos lo pronunciado entonces: desde REDCOM defendemos "un sistema universitario fuerte y pluralista, entramado con un proyecto nacional de desarrollo integral e inclusivo, donde más recursos se traduzcan en más responsabilidades. Y rechazaremos cualquier política de ajuste o arancelamiento".
