"Si no querés que te maten, cambiá el chip", fue la respuesta que le brindaron desde la justicia a Alejandra, una joven que el domingo pasado recibió siete puñaladas de parte de su ex pareja. La mujer había recurrido a las autoridades debido a que el sujeto sigue amenazándola, pero debido a la feria judicial, le dijeron que esperara hasta el próximo lunes.
En la madrugada del domingo pasado, Alejandra regresaba a su vivienda, de la ciudad de Rosario, junto a sus amigas. Cuando abrió la puerta, su ex pareja, Cristian Ariel Contreras, le aplicó una puñalada por la espalda. La mujer de 39 años intentó huir en dirección a sus amigas. Sin embargo, no lo logró: Contreras la derribó y, ya en el suelo, la hirió otras seis veces en el cuello. Sus amigas, entonces, lograron rescatarla, mientras que Contreras huyó.
Alejandra permaneció internada hasta el miércoles pasado y, tan pronto como salió, se dirigió a la Fiscalía de Género a fin de radicar la denuncia y exigir la orden de captura de quien estuvo en pareja hasta hace cuatro meses.
Sin embargo, desde el organismo judicial le informaron que no había funcionarios disponibles para atender su causa debido a la feria judicial, recomendándole que regresara el lunes. Pero entonces Alejandra les dejó en claro que no podía esperar pues en la noche anterior, 48 horas después de la brutal agresión, había recibido sucesivas llamadas telefónicas del sujeto. Tampoco eso fue suficiente y como única respuesta obtuvo ese consejo sobre el cambio de chip.
Al respecto, Fernanda Serna, presidenta de Ademur (Asociación de Mujeres Resilientes), organismo que protege a quienes padecen violencia de género y que acompaña a Alejandra, aseguró a la prensa que la respuesta obtenida "es una falta de resguardo total hacia una víctima".
Por si fuera poco, al advertir que la joven no cuenta con protección alguna, "la echaron de su trabajo porque reviste peligro. Hay una doble revictimización porque no sólo la justicia la dejó de lado, sino que perdió el trabajo".
Ante semejante situación, Alejandra abandonó su vivienda, junto a sus tres hijos de 15, 12 y 10 años, y halló escondite en la casa de un ser querido mientras espera que la justicia finalmente actúe.
