Cinco de ellos -Norberto Centeno, José Candeloro, Salvador Arestín, Raúl Alaiz y Tomás Fresneda- permanecen desaparecidos y son homenajeados por sus colegas cada de 7 de julio, instituido como Día del Abogado Laboralista.
Aquel hecho es recreado con minuciosidad en "La Noche de las Corbatas. Cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores", libro de Felipe Celesia y Pablo Waisberg de reciente aparición.
Internándose en las tramas políticas, estudiantiles y sindicales de los años 60 y 70 del siglo pasado, los autores se adentran en la vida de esos hombres y mujeres de diferente signo ideológico y, sobre todo, en la época que les tocó vivir.
Del mundo del poderoso sindicalismo vandorista de aquellos años, que albergó a decenas de abogados deseosos de trabajar "en favor de los trabajadores", Celesia y Waisberg rescatan la figura de Centeno, quien redactó el anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, basada en criterios protectivos borrados dos años después por la dictadura.
Reconocido académico católico con simpatías por el falangismo español y contactos sólidos con los aparatos sindicales, la historia lo colocó en el mismo barco que otros de sus colegas enrolados en el peronismo radicalizado (Alais y Arestin) o de la izquierda insurreccionalista (Candeloro y Fresneda), aunque todos lejanos a tener participación en la lucha armada.
Del universo del activismo estudiantil, los autores enhebran al grupo de futuros abogados fascistas vinculados a la antigua agrupación Tacuara, que desembocan en Mar del Plata en la versión local de la Triple A: la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), cuyo debut de sangre fue el asesinato de la estudiante Silvia Filler en diciembre de 1971.
Con el respaldo de ese núcleo civil que logró sobrevivir a la democracia implantado en la justicia con cargos relevantes o en asesorías sindicales, oficiales del Ejército Argentino planificaron y ejecutaron el escarmiento contra una decena de defensores de obreros.
Dos juicios por delitos imprescriptibles ventilaron estos hechos, el primero en 2012 contra los jefes militares responsables del centro clandestino de detención "La Cueva", que funcionó en el grupo de artillería antiaérea (GADA601) de Camet. En otro, que recién comienza en la ciudad donde ocurrieron los hechos, están acusados diez civiles y un militar retirado, encabezados por el ex fiscal Gustavo Demarchi, quien también se desempeñó como asesor del gremio de Camioneros local.
Otro coletazo fue el reciente jury de enjuiciamiento, por no tramitar los habeas corpus en favor de sus colegas, del que salió indemne el juez marplantese Pedro Hooft.
Como en sus anteriores libros, los autores presentan en su trabajo multitud de testimonios y citan, explícita o implícitamente, fuentes bibliográficas confiables.
