Exigen la incorporación del homicidio de Juan José Libralato, quien permaneció desaparecido hasta 2014 cuando el EAAF identificó sus restos en el cementerio de Berazategui.
Juan José Libralato es una de las víctimas cuyos casos se ventilan en el juicio oral y público que comenzó en La Plata a mediados de octubre a cargo del Tribunal Oral Federal 2. Sin embargo, hasta hoy, el caso de Libralato se contempla en la causa sólo por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y lesiones, ya que desde el operativo clandestino que en octubre de 1977 llevó a cabo “la patota de la Federal” no se supo más nada acerca de su paradero hasta el año 2006, cuando surgió la hipótesis de su entierro en una tumba NN.
En efecto, en 2009 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó la exhumación de un cuerpo -enterrado como NN en el cementerio de Berazategui- del que se sospechaba que su identidad sería la de Libralato.
El cuerpo registraba 6 impactos de bala, y había otros indicios –fechas aproximadas, por ejemplo- que concordaban con la hipótesis de los expertos. Finalmente, en 2014 se conocieron los resultados de los análisis de ADN que demostraron que efectivamente se trataba de la víctima en cuestión. Para esa fecha, no obstante, la causa por crímenes de lesa humanidad ya había sido elevada a juicio por lo que no se pudo pedir la imputación de homicidio.
Es por eso que en la audiencia de este jueves el abogado que integra la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pedro Griffo, solicitó junto a la fiscalía de juicio la ampliación de la imputación contra los 6 integrantes de la patota que están siendo juzgados. El tribunal dará a conocer su resolución durante la audiencia del próximo martes 8, cuando también se prevé que declararán dos testigos.
Por otra parte, en la audiencia anterior realizada el martes 1 de noviembre se produjo por teleconferencia desde Rawson la primera declaración testimonial a cargo de Mario Cugura, sobrino de una de las víctimas, José Esteban Cugura. El testigo recordó la época en que desapareció su padre y que, días después, salió su tío a buscarlo. Ninguno de los dos volvió a ser hallados, así como sus respectivas parejas que desaparecieron en la misma época.
Datos sobre la causa
Cabe recordar que el origen del expediente se remonta al año 2012, cuando el equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación halló una serie de legajos de policías federales con pedidos de “ascensos y felicitación para el personal de la delegación La Plata de la Policía Federal Argentina”.
Esos pedidos fueron suscriptos en 1977 por parte del exjefe de la Delegación de La Plata, Martín Eduardo Zúniga, como recompensa hacia sus subordinados por un raid clandestino que incluyó secuestros, homicidios y desapariciones de 5 personas. Los registros documentales constituyen un importante hallazgo que permitirá juzgar desde la semana próxima y por primera vez a la patota de la Policía Federal que actuó en La Plata durante la última dictadura en articulación con el resto del aparato represivo.
En diálogo con ANDAR, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Collen Torre –quien integra el equipo de abogados de la querella- explicó que “la importancia de este juicio es que por primera vez se van a juzgar a efectivos de la Policía Federal de la delegación La Plata. Siempre supimos que durante la dictadura había patotas que tenían vinculación con el centro clandestino de detención La Cacha, pero hasta ahora no los teníamos identificados con nombre y apellido, con roles y articulaciones con las demás fuerzas del esquema represivo”.
“En el juicio de La Cacha se supo que un detenido, cuando fue sacado del cautiverio, fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, pero faltaba esta prueba fehaciente, que tiene que ver con el relato pormenorizado de un operativo clandestino realizado exclusivamente por la patota de la Federal y que tuvo a 5 víctimas”, agregó la abogada.
Los imputados son el ex comisario y ex jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Martín Eduardo Zuñiga, el ex inspector Rafael Oscar Romero, el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz, el ex cabo Roberto Arturo Gigli, también ex integrante del Personal Civil de Inteligencia del Ejército, y los ex cabos 1° José Carlos Sánchez y Jorge Alberto Blanco.
Según consignan los legajos de los policías, el pedido de ascensos y felicitaciones fue formulado por Martín Zuniga en función de unos de los presupuestos previstos por la ley orgánica de la policía de aquél momento, según la cual se daban reconocimientos a quien “lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad”.
En esos registros se consignan, detalladamente, los pormenores del operativo que terminó con tres secuestros y tres homicidios, perpetrados en octubre de 1977 en distintos domicilios de la ciudad de La Plata.
En este sentido, las imputaciones contemplan los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “la Chancha”, la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato, la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzman de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla, que es la única de las víctimas que aún vive y que posiblemente preste su declaración testimonial en el presente juicio.
