“Hay un proyecto de ley que la ministra (Eneida De León) lo envió al Ejecutivo y lo estarán remitiendo al Parlamento, esto es una primicia. Ahí se definen varias situaciones que implicarían delitos penales”, afirmó Alejandro Nario, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en el programa A Diario de El País TV.
“Hay casos donde es necesario tener una herramienta más y por eso hicimos un convenio con la Fiscalía para crear los delitos penales ambientales. Hay casos que con la sanción económica no alcanza y es necesario tener otra herramienta para generar más miedo si se quiere entre comillas”, explicó.
Según dijo, Dinama puede ser la que realice la denuncia o la propia Fiscalía General de la Nación. “Lo que estamos haciendo es un proyecto de fortalecimiento donde Dinama y el Ministerio de Vivienda apoyen a los fiscales cuando tengan denuncias de este tipo”, señaló.
Nario adelantó que se inició una capacitación a los fiscales de manera “de aumentar la potencia de acción” y “de conciliar la parte administrativa y la parte judicial para trabajar en conjunto y tener más potencia”. En tanto, consultado por El País no quiso adelantar los contenidos del mismo hasta febrero.
El proyecto de ley es el resultado del trabajo realizado por una comisión creada por la Fiscalía General de la Nación para estudiar la problemática medioambiental. En el informe se recomienda al fiscal de Corte, Jorge Díaz, la creación de una Unidad Especializada en Medio Ambiente (UEMA) en la Fiscalía y la promoción de una ley que penalice el delito ambiental, lo que actualmente no existe.
La comisión, que había sido creada en junio de este año está integrada por las fiscales Sylvia Lovesio (San José), Nidia Morosini (Durazno) y Ana Monteiro (Fray Bentos). Por la ubicación geográfica en donde se encuentran, las tres conocen de cerca la problemática que se produce con la fumigación y otro tipo de impacto ambiental.
En tanto, en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes se encuentra a estudio el proyecto de un nuevo Código de Proceso Penal que incluye una normativa sobre delitos contra el ambiente. Esto comprende la tipificación de delitos por contaminación de aire, agua y suelo; destrucción, depredación o sustracción de especies animales y vegetales bajo especial protección de la ley; actos de contaminación o degradación en áreas naturales protegidas. El articulado también plantea responsabilidades especiales para representantes de personas jurídicas, funcionarios públicos o responsables de informes técnicos, además de contener normas que regulan la culpabilidad, los agravantes y medidas cautelares.
“Cheque en blanco”
El fiscal Enrique Viana, conocido como “el fiscal verde” —por adquirir notoriedad en planteos de inconstitucionalidad vinculados a normativas sobre diversos temas ambientales— dijo a El País que “a veces la creación de un delito ambiental puede ser un evento contraproducente”.
Apartado de la fiscalía civil en la que se desempeñaba por orden de Díaz, Viana señaló que “no es fácil redactar la figura del delito ambiental, porque se puede convertir en un delito muy abierto tipo cheque en blanco”. En Uruguay no existe la figura del delito ambiental, aunque la norma constitucional habla de sanciones. En el Código Penal aparecen tipificados delitos contra la salubridad pública, seguridad de las aguas y delito de estrago que se podría configurar en casos de contaminación muy grave, explicó el fiscal Viana. Aunque no hay antecedentes en el país de haberlo utilizado.
Con la legislación actual, los ilícitos ambientales pueden terminar con la aplicación de una multa, la intervención de los particulares o del mismo Estado para evitar el daño (acciones de protección del medioambiente) y un tercer mecanismo que constituyen las acciones de reparación del medioambiente.
En Uruguay la normativa ambiental existente es buena pero no se aplica entre otros motivos porque los jueces no están debidamente preparados para esa tarea, sostiene Víctor Bachetta, del movimiento ambientalista Uruguay Libre.
Bachetta señaló que no existe prácticamente jurisprudencia y consideró que Uruguay está atrasado con respecto a la región. El activista mencionó como ejemplo que una fábrica de celulosa en el sur de Chile debió pagar hace poco fuertes multas.
Amplían protección a la Laguna de Rocha
El Poder Ejecutivo dispuso por decreto la extensión en varias hectáreas del área protegida de la Laguna de Rocha. La extensión se dio hacia el oeste (balneario Caracol). La medida tiene el aval de la Intendencia de Rocha.
Si bien ha habido denuncias en el sentido de que la acción de los pescadores artesanales que viven sobre la laguna ha dañado el ambiente, el intendente tiene una visión totalmente distinta. Los pescadores “son parte del lugar desde hace decenas de años” y es “disparatado” sostener que dañan el ambiente, dijo el intendente Aníbal Pereyra a El País. La barra de la laguna de Rocha se abre artificialmente cuando existe la posibilidad de “inundaciones críticas y si el clima y la dirección del viento lo permiten” y “no hay nada que indique que eso genera problemas ambientales”, señaló el intendente.
Pereyra sostuvo que en la laguna se realiza un “cuidado permanente” en búsqueda del “equilibrio”.
El área protegida de la laguna de Rocha tiene una extensión de 22.000 hectáreas, entre las que figuran 7.200 de agua y grandes zonas de lomadas, llanuras, franja costera y plataforma oceánica. El área constituye un ecosistema importante como sitio de alimentación, nidificación y reposo de grandes concentraciones de aves. En los arroyos y bañados de la zona habitan nutrias, carpinchos, tortugas, zorros y lobitos de río. La laguna tiene una profundidad promedio de 58 centímetros y se comunica periódicamente con el océano.
