Pero, reconoce que no será hasta mayo cuando se podrá tener una idea concreta de la magnitud de la tijera que busca la Casa Blanca, que, de todos modos, encuentra fuerte resistencia republicana y demócrata en el Congreso.
La magnitud de los recortes ya ha elevado las alarmas en el sistema de vivienda pública de Puerto Rico –que puede perder cerca de $50 millones, si el recorte en programas se hiciera en todos los ámbitos– y en la Corporación de Servicios Legales de la Isla, que se expone a perder dos tercios de sus fondos.
Las propuestas de Trump ocurren en momentos en que el Gobierno de Puerto Rico ha aceptado hacer profundos recortes en su presupuesto y se enfrenta a un abismo fiscal de sobre $1,200 millones en el sistema de salud, ante el agotamiento a finales de año de los fondos de los $6,400 millones de Medicaid asignados a Puerto Rico bajo la ley Obamacare.
“Tendremos que hacer ajustes y trabajar a nivel del Congreso para que Puerto Rico sea considerado”, indicó ayer el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader, quien el jueves repasó en San Juan el estado de los programas federales en cada una de las principales oficinas del gobierno.
Aunque no será hasta mayo en que se presentará todo el presupuesto, y entonces se conocerán las partidas específicas de cada asignación propuesta para el año fiscal federal 2017-2018, PRFAA anunció que por medio de los departamentos del Gobierno de Puerto Rico se pondrá en marcha un análisis preliminar.
Como parte de los fundamentos generales sobre el presupuesto federal, el cual Trump refirió al Congreso el jueves, la Casa Blanca proyecta un aumento de $54,000 millones en gastos militares y de seguridad interna, pero una reducción en las asignaciones a muchos departamentos.
Los recortes se dirigen particularmente a los departamentos de Trabajo (21%), Salud (17.9%), Comercio (16%), Vivienda (13.2%), Transportación (13%), Interior (12%), Energía (5.6%), Tesoro (4.1%), Justicia (2.8%), la Administración de Pequeños Negocios (5%) y la NASA (0.8%). “No va a ser un proceso libre de controversias y cambios”, indicó Mercader.
El plan de Trump elimina el financiamiento a entidades como la Corporación de Servicios Legales de EE.UU., la Corporación para la Difusión Pública y la Fundación Nacional de las Artes, entre muchos otros.
El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, ha indicado que si el recorte del Departamento de Vivienda federal (HUD) se aplica a nivel general, puede recortarle por lo menos unos $42 millones. Pero, eso no incluye posibles recortes en el programa de Sección 8, que ayuda a subsidiar el alquiler de vivienda.
La eliminación de los $375 millones que recibe la Corporación de Servicios Legales de EE.UU. puede quitarle a Servicios Legales de Puerto Rico casi $11 millones.
En el área de agricultura, Trump ha propuesto tachar, entre otras cosas, el programa de servicios a empresas y cooperativas rurales, y los préstamos para proyectos de infraestructura de agua potable y sanitaria.
La organización Cambio Puerto Rico advirtió que los recortes en proyectos de infraestuctura de agua potable y sanitaria puede tener un impacto negativo para la ya debilitada Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Mercader sostuvo que el jueves tuvo reuniones independientes con los jefes de agencias para examinar cuál es la participación actual en los programas federales, cuáles son especialmente significativos y en los que Puerto Rico ha estado ausente.
Pero, el representante del gobernador en Washington indicó que a corto plazo la principal tarea es aún tratar de lograr que se extiendan los fondos de Medicaid que ha otorgado Obamacare. Esta semana, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo que el Gobierno de Puerto Rico espera una inyección de $800 millones en los fondos de Medicaid.
“Pedimos un mínimo de $800 millones a $1,300 millones. Con eso podemos hacer ajustes, pero buscamos la continuación de los fondos” de Obamacare, que el gobierno de Rosselló estima en unos $1,300 millones anuales, dijo Mercader.
En el plan fiscal de 10 años que la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico aprobó el pasado lunes, el gobernador Rosselló calcula ahorros de sobre $6,000 millones en el presupuesto del programa Mi Salud.
El plan Mi Salud, del Gobierno de Puerto Rico, ha dependido de $1,600 millones en fondos de Medicaid, de un presupuesto que totaliza los $2,800 millones. Los otros cerca de $340 millones de Medicaid, adicionales a Obamacare, salen de una ley permanente.
