La carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) organizó un ciclo de charlas sobre el nuevo Código Civil y Comercial. La presentación estuvo a cargo de la jurista Marisa Herrera, investigadora del CONICET, profesora de Derecho de Familia de la UBA y la Universidad de Palermo e integrante del equipo de redacción de la reforma del nuevo Código. La especialista expuso sobre las "Bases del derecho privado constitucionalizado".
El ciclo apunta a la capacitación de estudiantes, docentes y profesionales. Los organizadores proponen “estudiar las nuevas disposiciones, enunciar sus fundamentos, marcar continuidades y discontinuidades, y analizar proyecciones y deudas pendientes” del código.
Las conferencias se repetirán todos los lunes de 17 a 18.30. Con acceso libre y gratuito. Se expedirán certificados a quienes asistan al 80% de los encuentros.
La sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que entrará en vigencia a partir del 1° de agosto, fue uno de los grandes hitos jurídicos del 2014. Sancionado por el Congreso el 1 de octubre, y promulgado seis días después por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el nuevo texto vino a reemplazar los dos códigos, que constaban de más de 4500 disposiciones y habían sido redactados hace 145 años.
El anteproyecto fue obra de la Comisión de Unificación y Reforma del Código, integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, conformada en febrero de 2011. El proyecto pasó por una Comisión Bicameral del Congreso, se debatió en foros de todo el país, y sufrió más de 150 modificaciones en base a las propuestas recogidas del debate federal. Hoy recorre el país de la mano de Infojus, que está realizando jornadas de actualización en todas las provincias.
Entre las principales reformas del nuevo código unificado se encuentran: el matrimonio igualitario, la incorporación de la Unión Convivencial; la simplificación de los trámites para pedir el divorcio; se actualizó la legislación con la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida (por ejemplo, la inseminación artificial o la fecundación in vitro); cambió la denominación de “patria potestad” por “responsabilidad parental”, de acuerdo al estatus jurídico del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho; se simplificó el régimen jurídico para la adopción; se incorporaron formas modernas de contratación; y se incorporó un capítulo dedicado a los derechos personalísimos, donde se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.
