En el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, el ex juez federal mendocino, Luis Miret dijo sobre estos crímenes que “eran hechos aislados, no era un plan sistemático”.
Está acusado de no haber investigado torturas y delitos sexuales durante la última dictadura. "Anteriormente al golpe de Estado no dudo que la policía haya cometido barbaridades y lo lamento mucho por las víctimas. Eran improntas policiales malditas”, sostuvo al ampliar su declaración como imputado.
Miret aseguró que en el ejercicio de sus funciones no dictó “sobreseimientos, ni siquiera provisorios en favor de militares o policías”. Además, cuestionó si la Justicia Federal tiene competencia para investigar delitos cometidos por militares y acciones de funcionarios del Poder Justicia. Insistió en argumentar que su imputación se debe a “razones políticas”.
Cuando le preguntaron sobre las denuncias formuladas en la provincia por organismos de derechos humanos contra funcionarios judiciales por complicidad con los crímenes del terrorismo de Estado, Miret fue irónico. “Curiosamente Mendoza, que es tan poca luchadora en sus clases sociales, en esto pasó a ser líder de la represión de los ex magistrados”, dijo.
Respecto de la inacción propia y de colegas frente a privaciones ilegales de la libertad durante la dictadura, Miret pretendió una justificación al afirmar que “el momento en que se vivía no daba para ponerse en purista, la razonabilidad se limitaba en ver el decreto y decir: 'Es el de siempre'”.
El ex magistrado argumentó no haber investigado las torturas para “no exponer a los detenidos”. La misma posición sostuvo cuando fue consultado por las denuncias de delitos sexuales cometidos en perjuicio de prisioneros políticos.
“Jamás tuve conocimiento que en jurisdicción policial se hayan cometidos delitos sexuales, salvo el caso, Globosky”, pero en este caso “no me lo tomé en serio porque se trataba de un delito de instancia privada", esgrimió.
Destituido y enjuiciado
Junto a Miret también están procesados los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo: todos involucrados en los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de estado de 1976, y una treintena de ex policías y militares. El punto común de la acusación a los cuatro jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma habeas corpus y demás recursos.
Miret fue ascendido a camarista por el dictador Jorge Rafael Videla. En marzo de 2011, fue destituido por decisión del Consejo de la Magistratura, tras un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de "mal desempeño" y posible comisión de delitos durante la última dictadura cívico-militar.
El ex camarista había sido acusado de mal desempeño de sus funciones en cinco causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, previos al golpe de Estado y posteriores a 1983. Se lo responsabilizó de inacción a la hora de investigar denuncias por tortura y vejaciones en la D2 mendocina, y de haber cerrado en 1987 una causa por robo de bebés de desaparecidos aplicando la ley de Punto Final, cuando la norma no amnistiaba ese delito.
