Los trabajadores de la empresa Gráfica Vulcano volverán a ingresar a la planta del barrio porteño de Boedo, a partir de ahora transformada en cooperativa, para reactivarla y conservar sus puestos laborales luego de 11 meses de acampe pacífico en sus inmediaciones para evitar el vaciamiento total de los bienes, por parte de los empresarios que en 2013 se presentaron en concurso preventivo.
Así lo determinó el Juzgado 19, secretaría 37, a cargo de Gerardo Santicchia, que otorgó la continuidad laboral a los 16 asociados de la Cooperativa Vulcano, y fijó un alquiler para que los trabajadores abonen por la permanencia en la planta.
“Fue dificultoso porque la Ley de Concurso y Quiebras quedó limitada al antojo del juzgado que puso numerosos requisitos. Esa situación se repite con otras empresas en recuperación que muchas veces no pueden alcanzar esos pedidos”, remarcó el abogado de los trabajadores, Pablo Godoy, a la agencia Ansol.
Godoy destacó que la continuidad de Vulcano no hubiera sido posible “sin un Estado presente como el que tenemos actualmente”.
“Hoy el Estado garantiza, pero con un cambio de gobierno que vire del proyecto nacional, no será posible continuar esas políticas y eso se traducirá en abusos por parte del Poder Judicial y en la imposibilidad de conservar miles de puestos de trabajo”, advirtió el letrado.
Los asociados celebraron la medida judicial y el próximo sábado realizarán desde las 12 un festival por la recuperación de las fuentes de trabajo en la puerta de la empresa, situada en Virrey Liniers 1441.
La lucha de los trabajadores
La empresa Vulcano se presentó en concurso preventivo en 2013, mientras la actividad comercial de la misma seguía con normalidad, más allá de las demoras en los pagos de los salarios para con los ex empleados de la gráfica.
Un año después, el 23 de diciembre de 2014, la patronal cerró la empresa, se llevó maquinarias y un rodado, además de privar del ingreso a los trabajadores, quienes se organizaron bajo la figura jurídica de Cooperativa de Trabajo, en cumplimiento con la Ley de Concursos y Quiebras, y fueron por la continuidad laboral.
“Pero desde el juzgado nos respondieron que hasta tanto no se decrete la quiebra de la empresa no se puede otorgar la continuidad. Finalmente, y luego de cuatro meses, la decretaron. Es válido recordar que Santicchia tardó 72 horas para hacer lo mismo con la empresa Donelly”, destacaron los trabajadores de Vulcano.
En junio de este año, estos trabajadores pudieron destrabar una negociación con el banco HSBC por una máquina fundamental para la continuidad laboral, ya que el banco se negaba a negociar la compra de la impresora -una de las que quedó dentro de los bienes tras el vaciamiento de la gráfica- que los empresarios Fernando Blanco y Lorenzo Berriex adquirieron a través de un contrato de leasing de esa entidad financiera.
