"Aprobado", anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Ramos Allup, tras la votación que cerró cuatro horas de debates en los que la bancada oficialista enfatizó la necesidad de hacer justicia a las víctimas de los actos de "la derecha".
Aprobado", anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Ramos Allup, tras la votación que cerró cuatro horas de debates sobre la Ley de Amnistía.
La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fuera detenido el opositor radical Leopoldo López, sentenciado a 13 años de prisión por conspirar y provocar violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.
Por su parte, el diputado chavista Elías Jaua tachó el proyecto legislativo de "amnesia criminal". "Desconocemos desde ya esta legislación. Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio", afirmó.
Desconocemos desde ya esta legislación. Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio", afirmó el diputado chavista Elías Jaua.
Igual adjetivo dedicó a la normativa el jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, al tiempo que llamó a los venezolanos a movilizarse en repudio a la Ley de Amnistía. "Esta ley justifica la impunidad, es una convocatoria al desconocimiento del Estado, al estado de derecho, a la violencia", dijo.
De acuerdo con el parlamentario, "esta ley propone que todos los delitos de corrupción, delincuencia, guerra económica ocurridos, desde 1999 hasta que se apruebe esa ley, sean olvidados". Ello incluye a quienes estuvieron involucrados tanto en el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, como en las protestas de 2014, conocidas como las “guarimbas”, que segaron la vida de 43 personas y dejaron más de 800 heridos.
Esta ley, presentada el 4 de febrero por la opositora Delsa Solórzano al Parlamento, dado que el hemiciclo está controlado por la oposición será, de hecho, avalada en segundo debate en los próximos días. No obstante la entrada en vigor de la normativa requiere de la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.
En el exterior de la sede legislativa se congregaron seguidores del Gobierno, que acusaron a los opositores de las muertes de 2014.
"No son presos políticos, sino personas que llamaron a la violencia y cometieron terrorismo", dijo Desiré Cabrera, portavoz del Comité de Víctimas de las Guarimbas, además de expresar su rotundo rechazo a "esta ley de impunidad, de autoperdón".
