El megajuicio “La Perla”, en Córdoba, entró en una nueva fase de alegatos. La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro y, en un nuevo tramo, comenzó con los de la causa Vergés. Son 15 hechos sobre 19 víctimas, “acontecidos en enero de 1976, antes del golpe cívico militar”, dijeron fuentes judiciales. Las víctimas de este expediente, además, fueron vistas en el centro clandestino de Campo de la Ribera.
La fiscal Virginia Miguel Carmona tomó la palabra para referirse, en primer lugar, a la víctima Osvaldo Raúl Ravassi. Ingeniero, militante de Montoneros, fue privado de su libertad el 6 de enero de 1976. Ese día un grupo de militares, vestidos de civil, se lo llevaron de su domicilio en autos particulares hacia la Ribera.
“Durante su permanencia en el centro clandestino, personal policial y del Ejército sometieron a Ravassi a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostados sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados. Finalmente después de la detención ilegal lo asesinaron y luego ocultaron su restos”, relató Carmona.
Rubén Hugo Motta fue estudiante de Ciencias Económicas y también militó en Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 7 de enero de 1976 de su domicilio “como parte del plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la represión y aniquilamiento de lo que se dio a conocer como ´delincuencia subversiva´”. Motta fue torturado y asesinado, y sus restos siguen sin aparecer.
La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Todos los hechos sucedieron bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, y las órdenes fueron retransmitidas a cada cuerpo a través de sus mandos naturales, personal civil y militar perteneciente al Destacamento de Inteligencia 141.
Entre los jefes y subjefes que participaron de las acciones se encontraban Luis Gustavo Diedrichs, en su carácter de Jefe de la Primera Sección; Carlos Alberto Díaz; Héctor Pedro Vergéz; José Hugo Herrera; Emilio Morard; Arnoldo José López; y Ricardo Alberto Ramón Lardone, junto a miembros del Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la provincia de Córdoba, como Carlos Alfredo Yanicelli, Herminio Jesús Anton, Yamil Jabour, Calixto Luis Flores y Juan Eduardo Ramón Molina, entre otros.
Por último, la fiscalía habló del secuestro de las hermanas Gloria y Norma Hilal Waquim, oriundas de La Rioja y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El operativo fue similar: fueron secuestradas por personal civil de su domicilio en horas de la madrugada.
Así lo describió Carmona: “Un grupo, portando armas, ingresó violentamente a la vivienda y se llevaron a las hermanas en los automóviles particulares en que se conducían, amordazadas y atadas las manos, siendo uno de esos vehículos un Peugeot 404 blanco y el otro un Renault 12 blanco. Luego las trasladaron a la Ribera”.
Y concluyó: “Finalmente, en fecha que no ha podido establecerse con exactitud, pero que puede fijarse en un breve tiempo después de la detención ilegal, personal policial y del Ejército asesinó a Norma y Gloria Waquim Hilal, quienes se hallaban en condiciones de indefensión, ocultando sus restos, los que no han podido ser habidos hasta la actualidad”.
44 imputados y más de 700 víctimas
La megacausa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos, el represor Luciano Benjamín Menéndez, y está compuesta por 20 expedientes, con 716 víctimas de la cuales 279 son desaparecidos, 71 asesinatos –cuyos cuerpos fueron recuperados–, 13 detenidos políticos –muertos en sesiones de torturas– y un menor sustraído.
Respecto de la situación de ese menor, se trata del primer caso que se juzga en Córdoba y se refiere al nieto de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, cuya hija, Silvina Parodi de Orozco, fue secuestrada junto a su esposo Daniel el 26 de marzo de 1976 y ambos permanecen desaparecidos.
El fiscal Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y en julio o a fines de junio podría dictarse la sentencia, fecha que también fue estimada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, de Córdoba.
