La Contraloría General de Venezuela publicó un anuncio en la prensa nacional a fin de informar que investiga al gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como a personal de su equipo, por el uso de determinadas partidas presupuestarias de los años 2011, 2012 y 2013.
La investigación se centra en evaluar hasta qué punto los procedimientos administrativos y técnicos implementados en aquellos años por los miembros del gobierno del citado estado son legales, como también estudiar el presupuesto asignado a publicidad, anuncios, dietas y pasajes de los funcionarios.
Asimismo, se quiere saber cómo esta gobernación ha hecho frente a sus compromisos de pago a sus acreedores, percepción de ingresos, así como la contratación de seguros médicos.
Las reacciones de Capriles Radonski no se hicieron esperar y declaró que “nuestras cuentas han sido y serán siempre transparentes. Estamos abiertos a que revisen cuanto quieran. Quien no la debe no la teme”, agregó.
Igualmente, explicó que el Gobierno venezolano está preocupado por las recientes iniciativas de la oposición, que pretende revocar el mandato presidencial de Maduro, y por esta razón, quieren impedir que la derecha venezolana promulgue el referéndum necesario para tal fin.
El gobernador investigado —si se llegase a confirmar que durante su mandato se han cometido procedimientos ilegales, hechos que podrían acabar con su inhabilitación— recientemente pidió que se celebrara un referéndum revocatorio para acortar el mandato de Maduro.
Desde que la oposición de Venezuela se hiciera con el control de la Asamblea Nacional (AN), tras ganar las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el país suramericano vive una tensa coyuntura política con choques entre ambos bandos.
