El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, convocó a los dos acusados, que según la Fiscalía son los líderes de la estructura de corrupción aduanera “La Línea”, que defraudó millones de dólares al Estado.
Pérez Molina y Baldetti, que renunciaron a sus respectivos cargos el pasado año tras verse envueltos en esta trama, están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Además de numerosas pruebas testimoniales, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente de la ONU que colaboró en el desmantelamiento de la estructura desde las primeras detenciones el pasado 16 de abril, ha presentado como testigo “estrella” a Salvador Estuardo González, alias “Eco”.
Según este empresario, involucrado en la trama, Pérez Molina y Baldetti recibieron al menos el 50 por ciento de lo defraudado en las aduanas del país.
La red, que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), permitió por lo menos la entrada de 500 contenedores de mercancía de manera ilegal, con la complicidad de varias decenas de personas, entre ellos funcionarios, particulares y colaboradores cercanos al ex presidente y la ex vicepresidenta.
Entre ellos está el ex secretario privado de Baldetti Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia durante varios meses, que también busca ser colaborador eficaz de la Fiscalía y que corrobora las declaraciones de “Eco”, que responsabilizan a los dos ex altos funcionarios de todas las decisiones que efectuaba la trama.
En las escuchas telefónicas que tiene en su poder la Fiscalía y la CICIG, los involucrados en la red hablaban de “la R”, “la dos”, “la señora”, “el presidente”, “el mero, mero” o “el dueño de la finca”, apelativos todos que los investigadores atribuyeron a Pérez Molina y Baldetti.
Defraudación aduanera
“La Línea”, compuesta por una red de tramitadores aduaneros que facilitaban pagar menos impuestos de los debidos a la hora de ingresar las mercancías en Guatemala, debe su nombre a la forma de operar: los importadores debían comunicarse con un número de teléfono conocido como “La Línea”.
El entonces director de la SAT, Omar Franco, también está acusado, al igual que su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otros funcionarios y particulares que suman decenas.
La estructura tenía como líderes intermedios a Francisco Javier Ortiz Aldana, conocido como “el teniente Jerez”, y quien operaba desde una oficina bajo el nombre de “Boutique Emilio”, donde se repartían las ganancias.
Gálvez deberá determinar si hay indicios suficientes para abrir un juicio oral y público en una etapa intermedia que puede durar varios días.
