La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó que cuatro integrantes de la Triple A sean condenados a penas de reclusión perpetua por cuatro homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves cometidos por la organización paraestatal que funcionó bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1973 y 1975.
En el marco de una causa que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó a Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi y Rubén Pascuzzi distintas intervenciones en torno a cuatro sucesos: la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del gremialista Carlos Llerena Rosas; la privación ilegítima de la libertad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Oscar Dalmacio Meza, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia” y el asesinato de los tres hombres; la privación ilegítima de la libertad de Carlos Tacchela, Alfredo Manachian y Roberto Omar Leonardo, quienes hasta la actualidad continúan desaparecidos, y la coautoría del crimen del padre Carlos Mugica, junto a las lesiones graves causadas a Ricardo Capelli. Los cuatro ya fueron condenados en febrero, junto a Norberto Cozzani, por la jueza federal María Romilda Servini por el delito de asociación ilícita. La misma magistrada interviene en la causa.
En particular, a Conti se le atribuye haber dado la orden para cometer los crímenes contra Llerena Rosas y los miembros del PST en lo que se conoció como “La masacre de Pacheco”, en los que habría participado Yessi junto a otras personas. A Villone se le imputan los mismos hechos, a los que se les suma su participación directa en los que afectaron a Tachela, Manachian y Leonardo en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y la orden para asesinar a Mugica. Finalmente, a Pascuzzi se lo sindicó como uno de los que participó del operativo contra el sindicalista mencionado.
El fiscal federal reseñó que en el trámite de la causa principal “se presentaron varias asociaciones y personas -damnificados o familiares de damnificados por hechos que se atribuyen a esta organización criminal-, motivo por el cual fueron incluidos seiscientos ochenta y un (681) casos de secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas y atentados”, y que por ese motivo “se formaron múltiples incidentes de investigación en los que se han adoptado diversas medidas de prueba”. Muchos de ellos continúan “en plena etapa de investigación”. En ese sentido, explicó que la Alianza Anticomunista Argentina fue “digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación” como “uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad con la actividad de López Rega o la administración central, procedentes de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetrar atentados contra locales partidarios”.
El secuestro de Llerena Rosas
El primer caso abordado en el escrito presentado en la etapa de plenario es el de Llerena Rosas, quien fue secuestrado el 30 de octubre de 1974 en las oficinas de la Asociación Personal del INTA (APINTA) ubicadas en Malabia 2157, en Palermo. De allí fue sacado a punta de ametralladora y cara descubierta por un grupo en el que fueron identificados Rodolfo Almirón -ya fallecido-, Yessi y Pascuzzi. El cadáver de la víctima fue hallado horas después en Ezeiza, con varias heridas provocadas por disparos con armas de fuego. La hipótesis de un testigo es que el crimen se cometió porque Llerena Rosas, como delegado, “proponía remover al Secretario General” del gremio.
“La masacre de Pacheco”
De la investigación surge que pasada la medianoche del 30 de mayo de 1974, un grupo integrado por 15 personas arremetió contra un local del PST ubicado en El Talar de Pacheco. Tras un primer ataque a balazos de metralleta, los agresores entraron al local y se llevaron a Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia”; antes de subirlos a los vehículos se toparon con Meza, quien estaba afuera. Los cuerpos de Zidda, de 22 años de edad y presidente del centro de estudiantes de una escuela técnica de Tigre; Moses, de 25 años y delegado en la fábrica Wobron; y Meza, de 26 años y delegado en Astilleros Astarsa, fueron encontrados en la Ruta Nacional 6 a la altura de la localidad de Manzanares. La testigo Ferraté identificó a Yessi como la persona que estaba a cargo del procedimiento.
Secuestros en Valentín Alsina
Por otra parte, la acusación efectuada por el fiscal Taiano también consideró acreditado que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1974 se produjo la privación ilegítima de la libertad de Roberto Leonardo, Alfredo Manachian y Carlos Tachella, quienes permanecen desaparecidos desde aquel día. Durante esa jornada también se encontraban en el lugar las parejas de Leonardo, Silvia Nieves Negro, y de Manachian, Nélida Ramos, que desde allí fueron llevadas a la Comisaría de Lanús, al Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield” y finalmente al penal de Olmos, donde se “legalizó” su situación.
Sobre el operativo, la testigo Nieves Negro refirió que un grupo ingresó provisto de armas largas, identificándose como “Triple A”. Tras ello, “ponen una máquina de escribir y nos empiezan a hacer preguntas. Nos preguntaban sobre nuestros datos personales, y en ese momento se empiezan a repartir las cosas que había en la casa, empezaron a robar otras personas que también estaban en la casa”. Nieves Negro fue llevada a una maternidad de La Plata, en donde dio a luz a su hijo, y de regreso a Olmos tuvo que criarlo en pésimas condiciones de salubridad hasta que en 1976 pudo entregarlo a su familia. Fue quien reconoció a Carlos Alejandro Gustavo Villone.
El caso del padre Mugica
El 11 de mayo de 1974, después de las 20, Eduardo Almirón, secundado por Miguel Ángel Rovira, disparó cinco veces contra Carlos Mugica a metros de la iglesia San Francisco Solano. Junto a él se encontraba Ricardo Rubens Capelli, que sufrió lesiones graves por balas provenientes desde adelante. Así lo determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 el 12 de julio de 2012, en el marco del expediente 14.905/2009, a través del testimonio de al menos cuatro testigos del homicidio que vieron también cómo los atacantes escapaban a bordo de un Chevrolet de color verde claro, que luego se identificó como robado.
Además de los autores directos, a través de la pesquisa en la que intervino la fiscalía a cargo de Taiano se concluyó que ambos respondían a las órdenes de Carlos Villone. Al respecto, cabe señalar que Mugica se había vinculado con el Ministerio a través de una asesoría ad honorem para hacer trabajo social en el barrio de Retiro. “Cuando Carlos toma conciencia de que desde esa secretaría de Bienestar Social no hay el menor interés en hacer nada por su gente, hace en la villa una renuncia pública, ante una multitud, y él dice que les pide permiso para renunciar a su puesto (…). Pienso que esta denuncia pública ante una multitud y pasada por televisión, fue su sentencia de muerte”, consideró su secretaria.
La fiscalía recordó que entre los elementos probatorios se encuentran los testimonios del edecán presidencial Tomás Medina, quien “manifestó que antes de que asesinaran a Mugica pudo escuchar una conversación mantenida entre Rovira y Almirón donde decían, refiriéndose al sacerdote, ‘a éste le vamos a hacer la boleta’”. “Ello coincide con los dichos de Salvador Horacio Paino, quien tuvo conocimiento de que López Rega había dispuesto que un grupo de personas, entre la que figuraba el Padre Mugica, serían ejecutadas por la Triple A”.
Cargos en el Ministerio
Tal como se estableció en las condenas de febrero por asociación ilícita, todos los acusados integraron la agrupación de extrema derecha desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno de López Rega.
En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”.
Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Finalmente, se determinó que el policía Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.
