La llamada 'Regla 41', que autoriza a los jueces federales emitir órdenes de registro para que el FBI acceda computadores, teléfonos inteligentes o cualquier dispositivo electrónico, incluyendo aquellos de personas que no son sospechosas de un crimen, según informa Reuters.
Estas modificaciones tendrán consecuencias significativas en la privacidad de los estadounidenses y dentro del alcance de los poderes del Gobierno para llevar a cabo vigilancia remota y búsquedas en dispositivos electrónicos”, según ha declarado el senador demócrata Don Wyden.
Anteriormente, el FBI debía saber la ubicación del dispositivo al que quería acceder y después pedir órdenes de hackeo dentro de la misma región, así que ningún juez podía autorizar registros de dispositivos de forma remota fuera de su jurisdicción.
Ahora, con esta nueva ley aprobada, el FBI puede pedir a un juez federal permiso para hackear un computador sin saber la ubicación del equipo informático.
El Congreso tendrá que rechazar los cambios o hacer modificaciones adicionales hasta el próximo 1 de diciembre de 2016 , ya que después de esa fecha, los cambios a la referida regla entrarán en vigor.
Sin embargo, la Corte Suprema la considera como una pequeña modificación necesaria para modernizer el Código Penal en medio de esta nueva era digital.
Esto ha levantado polémica ya que algunas autoridades estadounidenses, así como la mayoría de las compañías tecnológicas se oponen a esta medida, destacando que la nueva norma, ampliará las facultades del FBI hasta poder lanzar ataques de piratería informática masivos en la redes.
"Estas modificaciones tendrán consecuencias significativas en la privacidad de los estadounidenses y dentro del alcance de los poderes del gobierno para llevar a cabo vigilancia remota y búsquedas en dispositivos electrónicos”, ha declarado el senador demócrata Don Wyden en un comunicado.
“Bajo las reglas propuestas, el Gobierno sería capaz de obtener una sola orden para acceder y buscar en miles o millones de ordenadores a la vez, donde en la mayoría de los casos se trata de dispositivos que pertenecen a las víctimas, no a los autores, los 'ciberdelincuentes'", ha agregado.
