La Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal, que surgió en 1999, llevó en 2007 las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "porque en Guatemala no hay justicia", dijo a Sputnik Nóvosti su director, Jesús Tecú Osorio, él mismo víctima de la violencia contra los mayas.
Entre 1981 y 1983 la zona de Rabinal (departamento de Baja Verapaz), fue escenario de 20 masacres de 4.411 civiles, casi todos mayas achí, según la CEH.
El municipio tenía en 1982 unos 22.730 habitantes, 82 por ciento de ellos indígenas mayas achí, repartidos en 14 aldeas y 60 caseríos.
Chichupac: la fiesta que terminó en matanza
La mañana del 8 de enero de 1982, militares convocaron a unos 300 habitantes de la aldea Chichupac, en Rabinal, a la clínica local para repartirles medicamentos y regalos.
La entrada del pueblo fue adornada para dar la impresión de una fiesta y cuando la gente se reunió en el centro de salud, 100 soldados con armas largas repartieron juguetes a los niños, dice el expediente de la CIDH.
Luego las mujeres y la mayoría de los hombres fueron enviados de vuelta a sus casas con la advertencia de "no meterse en nada", mientras se identificaba a 32 varones, entre ellos catequistas, agentes de salud y líderes comunales, acusados de integrar guerrillas izquierdistas.
Los hombres fueron torturados en la clínica y luego llevados a la zona más alta de la aldea, donde se les dio muerte estrangulándolos o con disparos, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) creada por los acuerdos de paz que en 1996 pusieron fin a 36 años de guerra civil.
Los militares enterraron los cuerpos en dos fosas poco profundas, dejando expuestos algunos restos humanos.
Al día siguiente, indígenas de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército para involucrar a la población en la lucha contrainsurgente, fueron obligados a lavar la clínica para eliminar los restos de sangre.
Los sobrevivientes de Chichupac y de caseríos vecinos fueron desplazados y, según la CIDH, otras 39 personas fueron torturadas y ejecutadas en diversos operativos en esa aldea y zonas cercanas entre 1981 y 1986, ocho más permanecen desaparecidas, mientras varias mujeres sufrieron violaciones.
De la impunidad a la justicia internacional
Las primeras denuncias sobre la matanza de Rabinal se realizaron en 1992 y al año siguiente se exhumaron los cadáveres de Chichupac.
"Nos sorprendió mucho que el Ministerio Público manifestara que ya cumplió con su responsabilidad de exhumar los cuerpos de 32 personas masacradas y entregarlos a sus familiares; cuando se encuentran los cuerpos del delito, hay que averiguar quién y cómo mataron a estas personas, pero el Ministerio Público nunca asumió su responsabilidad", dijo Osorio.
Entre 1999 y 2007, el Bufete Jurídico Popular de Rabinal se ocupó de reunir medios de prueba para encontrar a los culpables.
En el expediente "están los nombres de los responsables y de la cadena de mando", observó Osorio, aunque varios "se dieron a la fuga".
Uno de esos prófugos es el capitán José Antonio Solares González, con orden de captura por otros crímenes, como la masacre de la comunidad de Río Negro en marzo de 1982, de la cual sobrevivió el propio Osorio, por entonces un niño que pasó a ser esclavizado junto a otros 16 menores.
En 2007, el bufete decidió denunciar los crímenes a la CIDH, "porque en el país no hay condiciones para juzgarlos", añadió Osorio.
La CIDH admitió la denuncia en 2011 y ordenó al Estado llevar los responsables a la justicia y reparar a las víctimas, pero "como eso nunca sucedió", la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana en agosto de 2014 y lo enmarcó entre los crímenes de genocidio contra el pueblo maya.
Rabinal, lugar estratégico
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Desde 1981 los pobladores de Chichupac y alrededores venían siendo obligados a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), PAC.
En Rabinal actuaba un destacamento "cuyos responsables dirigieron la casi totalidad de violaciones de derechos humanos atribuibles a agentes del Estado", estableció la CEH.
Tal "ensañamiento" apoya la tesis de que la zona era "estratégica para el ejército y que éste, en un momento del conflicto, identificó a la población de la región como enemigo interno".
La guerra civil guatemalteca (1960-1996) dejó 200.00 muertos, 45.000 desaparecidos, y casi 100.000 desplazados.
*Por Diana Cariboni, AFP
