El comunicado
El decreto es violatorio de las instituciones democráticas y afecta la representación de nuestras universidades. Está en juego el rol del Estado.
En la mañana de hoy el gobierno nacional con la firma del decreto 236/2015 intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC).
En el decreto, que no estuvo publicado en el Boletín Oficial hasta después de la conferencia de prensa brindada por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, se fundamenta la medida en una serie de generalidades carentes de información fidedigna, con groseros errores y en algún caso apelando a fuentes periodísticas. En la conferencia el ministro habló de “rebeldía de las autoridades”.
De este modo se dejan sin efecto las autoridades institucionales dispuestas por las leyes 26.522 y 27.078. En el primer caso se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental.
No fue el proyecto de un gobierno, sino que fue el producto de la labor mancomunada de diferentes organizaciones sociales (comunitarias, públicas, universitarias, cooperativas, sindicales, municipales, provinciales, de comunidades originarias, de derechos humanos y de medios privados de arraigo local) nucleadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática que lograron el apoyo e impulso fundamental del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 pero también de distintos sectores políticos de oposición que manifestaron su apoyo en el parlamento. Una ley reconocida por distintos organismos internacionales y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 uno de los dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debe ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. En consecuencia, la intervención nos afecta directamente por la pérdida de representación.
En ese sentido, las expresiones del ministro Aguad en las últimas semanas han sido claras y contundentes: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno”. Ya había anticipado que para él en el país no existen los monopolios, sino que sólo "hay medios más grandes que otros".
En realidad lo que está en discusión es el rol que debe asumir el Estado frente a los medios de comunicación audiovisual concentrados.
Las carreras de comunicación de la Argentina rechazamos y repudiamos la intervención sin motivo de las autoridades dispuestas por ley que resulta violatoria de las instituciones democráticas y exigimos el cumplimiento y aplicación plena de las leyes vigentes en la consideración del derecho a la comunicación como un derecho humano inalienable.
