El proceso de reorganización nacional vino a truncar definitivamente la senda del desarrollo en base a la industria y la sustitución de importaciones que, con muchos matices, problemas y no pocas limitaciones, se mantuvo vigente por tres décadas. La modificación abrupta del mencionado modelo productivo se ejecutó a través de un ajuste regresivo y de profundos cambios en la estructura social, que abrió las puertas hacia una hegemonía financiera y a la reedición del modelo agroexportador de comienzos de siglo.
Este modelo económico implantado a fuerza de represión y exterminio, emprendió una salvaje apertura comercial que fue letal para muchas pequeñas y medianas empresas, trayendo como consecuencia importantes pérdidas en el empleo industrial y en el salario. El modelo neoliberal instaurado por la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia no pudo ser revertido, mientras paralelamente la ley de obediencia debida y punto final, los indultos y la interrupción de los juicios por delitos de lesa humanidad intentaba echar un manto de impunidad sobre aquella página negra de nuestra historia.
El modelo, regresivo en lo económico e injusto en lo social, requería de la eliminación del activismo social, de desmantelar la organización popular y de disciplinar a la sociedad, poniendo a la totalidad de las instituciones del Estado al servicio del terror.
La Junta Militar argentina no actuó aislada, el denominado "Plan Cóndor" formó parte de la instauración de la Doctrina de Seguridad Nacional difundida por los Estados Unidos. A través de dicho plan los servicios de inteligencia compartían información, se formaban cuadros de las fuerzas de seguridad para operar en toda Latinoamérica y se detenían opositores políticos en distintos países.
Por lo antedicho, ante esta nueva conmemoración del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, resulta indispensable hacer un breve repaso que permita develar quiénes han sido los inspiradores, ejecutores y quiénes se beneficiaron del terrorismo y del modelo neoliberal que éste inauguraba.
Firmes en la convicción de que los procesos sociales no se detienen con represión, expresamos nuestra preocupación porque nunca más se repita la historia. No es posible conquistar la paz sin justicia social, por tanto, la salida a toda problemática social y económica debe implicar siempre la profundización de las conquistas sociales de estos últimos años y no un retroceso de aquellas políticas públicas tendientes a inclinar la puja distributiva a favor de los más humildes. Solo un Estado que en la última década ha tenido como eje transversal a los derechos humanos ha podido desandar el plan económico que Martínez de Hoz iniciara en los años más oscuros de nuestro país. Por tal motivo, un Estado no puede separar el respeto a los derechos humanos de la búsqueda del bienestar de todos sus habitantes.
Como universidad pública asumimos nuestro compromiso de mantener viva la memoria reciente de nuestro país y concientizar a las futuras generaciones sobre las consecuencias del terrorismo de Estado y su modelo de país para pocos, en donde los intereses económicos de las corporaciones primaron por sobre los intereses del Pueblo. Como Universidad implicada con los valores democráticos, continuaremos promoviendo la enseñanza, la investigación y la extensión que no solo den cuenta de los efectos culturales, sociales, económicos y políticos de las dictaduras, sino además que contribuyan a la producción de conocimiento que pondere el irrestricto respeto a los derechos humanos y la justicia social.
