Varios movimientos y federaciones sindicales rechazan una reforma de pensiones que sea elaborada sólo por el Gobierno, y exigen que el proyecto se someta a una amplia consulta.
El anteproyecto en cuestión es el documento de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, al cual recientemente tuvo acceso El Diario de Hoy.
Los líderes sindicales demandan, que a pesar de las diferentes visiones sobre el sistema actual, los funcionarios tomen en cuenta sus puntos de vista.
La Intergremial de Trabajadores del Ministerio de Educación, que incluye a varios sindicatos como SIMEDUCO o Bases Magisteriales, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema. Dicho sindicato lamentó que la propuesta de sistema mixto sea unilateral.
“Nunca fuimos consultados sobre las reformas a presentar, como si los trabajadores no tuviéramos opinión e interés al respecto”, expresa un comunicado que ha difundido esa organización.
De igual manera se expresó la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahí Molina, quien añadió que ha habido reuniones con funcionarios pero no se retoman los aportes del sector laboral. “No ha habido un diálogo, un debate, en el cual nos veamos reflejados todos”, dijo.
Para ella, el Gobierno está en su derecho de presentar la propuesta del sistema mixto pero no que lo haga como una iniciativa unilateral, sin consenso con otros sectores.
Molina insistió en que el Gobierno debe crear una mesa de trabajo con los sindicatos, academia, sector privado y tanques de pensamiento “para evaluar técnicamente la situación actual del sistema y proponer una reforma en consenso”.
Sin embargo, se quejó, esta iniciativa no ha sido atendida por el Gobierno. Los sindicatos de maestros, por ejemplo, lamentan que los funcionarios no han escuchado la propuesta de crear un ente autónomo, que incluya a los trabajadores, para administrar los fondos de pensiones.
“Lo cual nos hace pensar que lo único que les interesa es tener disponibles los fondos de pensiones para resolver problemas de liquidez del gobierno”, señala el comunicado de estas organizaciones.
No son los únicos que piden participación en el proceso: El presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym), Orlando Batres, ha pedido que la reforma dé vida a un organismo que supervise el fondo de pensiones. Este debe contar con representantes de los trabajadores, empresas y Gobierno.
A diferencia de otros líderes sindicales, Batres está convencido de que un nuevo sistema de reparto es lo que más conviene a los trabajadores porque “les asegura una pensión digna y vitalicia”. No obstante, añade que debería tener una adecuada supervisión de las tres partes.
“Si es así, bienvenida la reforma, con la seguridad que sea fiscalizada”, afirmó.
La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), por su parte, pide al Gobierno no continuar con la actual propuesta del sistema mixto.
El pasado 10 de febrero este sindicato hizo una protesta en la plaza del Salvador del Mundo y ha prometido otras acciones similares.
La pensión mínima
En el borrador de decreto para la reforma se ha conocido que el Estado usará tres criterios para cambiar cada año la pensión mínima: el nivel de salarios, el costo de los productos y la disponibilidad de recursos. Este último punto no ha generado mucha simpatía entre los trabajadores.
La secretaria general de Musyges dijo que “no estamos de acuerdo en que arbitrariamente el Gobierno sea quien fije los montos de las pensiones, porque lo hacen en función de su interés”. Para Sarahí Molina las pensiones deben definirse con criterios técnicos.
El presidente de Agepym añadió que el tema de la disponibilidad de recursos no debería incluirse en la ley. “Es una obligación del Estado… asegurarle el bienestar económico al pueblo, a los pensionados”, expresó Batres. Para él, esta obligación es la de mantener una pensión digna para los trabajadores.
También el presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, rechazó este nuevo punto de la reforma. Según él, con las nuevas fórmulas y artículos el Gobierno no está asegurando la pensión que promete. “No es cierto que está hablando de los $207.60 como plantea al pueblo”, expresó.
Varios economistas han señalado con preocupación que incluir “la disponibilidad de recursos” como criterio abre la posibilidad de que el Gobierno reduzca la pensión mínima bajo el argumento de que no tiene fondos para pagar.
Pago de intereses
Otro tema que ha movilizado a los sindicatos es el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), y la tasa de interés que el Gobierno paga cuando a través de este mecanismo usa, en calidad de préstamo, los ahorros de pensiones.
Comtradefop ha sido el grupo más activo en el tema y fue el que colocó la demanda ante la Sala de lo Constitucional que ahora está obligando a la Asamblea Legislativa a mejorar la tasa de interés que ganan los trabajadores.
Ricardo Soriano ha pedido en varias ocasiones que se elimine la obligación que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de prestar el dinero al FOP. Esto podría ocurrir si la Asamblea se tarda demasiado en aprobar una nueva tasa de interés.
Los miembros de Astram se han unido a una de las críticas que hace Comtradefop, y dijeron que no es posible que el Gobierno pague 3 % o menos a los trabajadores, mientras a organismos e inversionistas internacionales les paga hasta 7 % por los eurobonos.
Sarahí Molina, por su parte, dijo estar satisfecha con la resolución de la Sala. Aún así insistió en que “el FOP debe desaparecer porque no paga un interés adecuado”.
“Este gobierno u otro que venga va a echar mano de esos dineros y no le conviene al trabajador”, dijo Orlando Batres al referirse al FOP. Según este líder sindical, no hay seguridad de que los futuros Gobiernos paguen ese préstamo que les hacen los trabajadores.
Aunque entre los sindicatos no hay una postura común frente a la reforma de pensiones del Gobierno, el sentimiento de rechazo es el que más se ha dejado sentir en los últimos días. Aún entre quienes apoyan crear un nuevo fondo estatal hay puntos de la propuesta del Gobierno con la cual no están de acuerdo.
En lo que si está de acuerdo el sector sindical es en que el Gobierno monte una mesa técnica para discutir y elaborar la reforma de pensiones, antes que presentar un decreto sin apoyo ante la Asamblea Legislativa.
