Los trabajadores del Renatea denunciaron que el gobierno se apresta a despedir a 1200 personas de la planta permanente del organismo, creado por el kirchnerismo en 2011 para controlar las condiciones laborales de los peones rurales. Aseguran que delegados del sindicato (UPCN) les anticiparon que se quedarán sin empleo.
Tras denunciar que la conducción del gremio acordó los despidos, se preparan para resistir. El organismo fue desactivado desde la llegada del macrismo a la Casa Rosada. En los últimos cinco meses, a los encargados del territorio no les asignan tareas.
De hecho, la repartición dejó de presentar denuncias de explotación laboral, según confirmó el fiscal Marcelo Colombo, jefe de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas.
“A nosotros nos comunicaron que van a despedirnos nuestros delegados de UPCN Mendoza, el viernes”, contó desde esa provincia Ricardo Nasif, uno de los afectados. Desde entonces los trabajadores de la filial se declararon en alerta y permanecen dentro de la sede del edificio.
“Nos ofrecieron pagarnos seis meses de indemnización más un 20 por ciento que cínicamente llaman ‘premio’. Por supuesto, lo rechazamos, porque como trabajadores del Estado tenemos estabilidad laboral”.
El conflicto está acotado a la provincia, pero a partir de hoy podría extenderse al resto del país si en otras delegaciones confirman el denunciado acuerdo de las nuevas autoridades con la cúpula de UPCN para avanzar con las cesantías.
El desguace del organismo, específicamente en sus funciones de control, es un objetivo compartido por las patronales del campo y el titular del sindicato de peones rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, que tras la asunción del presidente Mauricio Macri recuperó el control del Registro.
Las nuevas autoridades del organismo, Ramón Ayala y Arnulfo Bazán, responden a Venegas, y ya concretaron una primera tanda de despidos con una intención clara: disolvieron el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural. El propio Venegas ha anunciado que “sobran” (sic) trabajadores y que deberán irse.
El Renatea fue creado por el gobierno kirchnerista como la dependencia estatal encargada de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores agrarios a partir de la ley 26.727, sancionada en 2011. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso presentado por Venegas y declaró inconstitucionales dos artículos de esa ley, los que crearon el Renatea.
Frente al desguazamiento del organismo, sus trabajadores plantean que el resto de la ley está vigente y debe cumplirse. “Además de reclamar por nuestros puestos, le pedimos al Ministerio de Trabajo que garantice el cumplimiento de la ley de Trabajo Agrario y controle que los derechos de los trabajadores rurales sean respetados”, señaló Nasif en este sentido. “Esto significa que la cartera debe hacerse cargo de las inspecciones de trabajo, que tienen que seguirse haciendo, y de la campaña de prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Y cómo va a hacerlo si está despidiendo a todos los encargados de realizar esos controles en el territorio? Debemos ser reubicados dentro del ministerio, para continuar haciendo nuestro trabajo desde allí”.
En esta dirección, una delegación de los trabajadores del Renatea de Mendoza presentó una nota en la delegación que el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene en la ciudad, exigiendo que les otorguen tareas en forma inmediata.
“Pese a nuestro reclamo, las autoridades nacionales del Renatea y los delegados provinciales han suspendido todos los operativos de control en chacras y fincas. No se realizan más jornadas de registración e inclusión de derechos en las poblaciones rurales. Se dejaron sin efecto los planes de alfabetización y capacitación, se han paralizado la investigación y las denuncias de casos de trata y explotación infantil”, denunciaron en la nota.
En los últimos tres años, el Renatea fiscalizó 1780 establecimientos rurales, registró a más de 154 mil trabajadores y a 11.700 empleadores y realizó más de mil denuncias de trata, explotación laboral e infantil, según los datos del propio Registro. Toda esta actividad está actualmente suspendida. “Desde diciembre del año pasado no hemos recibido ninguna denuncia proveniente del Renatea”, confirmó el fiscal Colombo, jefe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. El funcionario agregó que la Procuraduría pidió una entrevista con sus autoridades, pero que no ha obtenido respuesta.
