Miguel Ángel Palazzani es uno de los fiscales que recibirá el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar
Como uno de los titulares de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Palazzani imputó por delitos de lesa humanidad al empresario Vicente Massot, director y dueño del diario La Nueva Provincia.
“Tomamos este premio como un reconocimiento colectivo, es un inmenso honor recibirlo. Tenemos la suerte de ser nosotros porque coyunturalmente estuvimos en el final haciendo las imputaciones, pero hubo mucha gente trabajando detrás de todo esto”, dijo a AgePeBA antes de ser galardonado junto a los fiscales José Nebbia y Abel Córdoba en un acto que se realizará el próximo 19 de mayo.
Palazzani también destacó la figura del fallecido ex fiscal general federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, quien fue “un pilar fundamental para llevar adelante la investigación” contra Massot “en los momentos más difíciles”.
“Imputar civiles siempre fue complicado”, consideró al cuestionar “las decisiones que se tomaron en la Justicia para tratar de desvincular penalmente” al director de La Nueva Provincia de su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Palazzani, Nebbia y Córdoba demostraron con pruebas contundentes la participación de Massot en el asesinato en 1976 de dos obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, aunque terminó siendo beneficiado con la “falta de mérito”. El fallo, que fue apelado ante el Tribunal de Casación Penal, se encuentra a la espera de una resolución.
“Lo que ocurre con Massot no es muy distinto a lo que pasa con otros civiles empresarios investigados a lo largo y a lo ancho del país. A medida que van apareciendo pruebas y que los fiscales avanzamos, se encuentran dificultades de todo tipo, algo que básicamente está relacionado con la impunidad”, subrayó.
Para el fiscal, las causas de lesa humanidad se “han resentido aún más” en el último tiempo, desde la llegada de Mauricio Macri como presidente. A partir de ese momento, se empezaron a “desmantelar ciertas estructuras del Estado que venían apoyando los juicios”, explicó.
Palazzani, quien está a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), también se mostró preocupado por la “mirada criminalizante” del gobierno de Cambiemos y precisó que desde el organismo se le pidieron una serie de informes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el protocolo de actuación contra la protesta social, aunque hasta el momento “no ha contestado”.
“Nos preocupa que este protocolo esté pensado básicamente para criminalizar la protesta, algo que pone en serio riesgo todo el trabajo que se hizo contra la violencia institucional”, sostuvo el fiscal y recordó “hechos de dominio público, como el de Cresta Roja, o las distintas represiones que se suscitaron en el país” durante los primeros cinco meses de la gestión de Macri.
La Procuvin fue creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó en marzo de 2013 con el objetivo de investigar la violencia institucional en las cárceles y las calles, así como los hechos de corrupción que involucran a las fuerzas de seguridad.
“Su primer titular fue Abel Córdoba y ahora me acompaña como coordinador general José Nebbia. Así que hemos estado los tres, más o menos, en los mismos ámbitos, y no es causal porque la violencia institucional es la continuidad –en algunos aspectos más fuertes que en otros- de las violaciones a los derechos humanos producidas entre 1976 y 1983”, explicó Palazzani.
*Por Fernando M. López, Agepeba
