Sostiene que dichas obras provocan graves inundaciones y acusa a los responsables de las mismas de estrago seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.
El 26 de abril el titular de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro aportó nuevas pruebas a su presentación realizada el 17 febrero, donde solicita la paralización precautoria de los emprendimientos privados apostados sobre los humedales del Delta del Paraná y el Río Luján.
En ella argumenta que las construcciones no sólo modifican radicalmente el ecosistema, alterando los procesos hidrológicos y destruyendo biodiversidad, sino que provocan graves inundaciones en los barrios aledaños, produciendo incalculables daños a la propiedad pública y privada y dejando el saldo de cuatro víctimas fatales en los últimos dos años, entre ellas un menor de edad.
Pasaron más de dos meses de la presentación, sustentada en el testimonio y aportes de numerosos expertos, pero aún la Jueza Arroyo Salgado no se ha pronunciado. A las sólidas pruebas presentadas a principio de este año, se suman por un lado estudios de la Administración de Parques Nacionales, que sostienen que el proyecto inmobiliario “Puerto Palmas Pueblo Ecológico” amenaza con fragmentar el humedal de la Reserva Otamendi y una ordenanza del Consejo Deliberante de Campana que el 15 de septiembre del 2015 declaró como zona no urbanizable al área de humedales del Río Luján, debido a que las edificaciones potencian las inundaciones y dificultan el normal escurrimiento de las aguas.
Además, un informe realizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, donde queda explícito que la presencia de desarrollos inmobiliarios suntuosos generan estrangulamiento y taponamiento en los causes principales de las cuencas y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo de la Nación.
En su presentación, el fiscal enumera más de 90 barrios privados, countries, clubes y demás emprendimientos que habrían afectado el normal escurrimiento de las aguas, y solicita que se inicie un proceso de investigación a fin de ampliar y actualizar dicha lista para poder avanzar en una investigación más detallada de las responsabilidades penales. Así mismo, la fiscalía sostiene que este accionar sólo fue posible con complicidad, por acción u omisión, en los tres niveles del Estado, y por ello introduce en su denuncia la figura de incumplimiento de funciones públicas.
Domínguez sostiene que el estrago producido por estas construcciones privadas tiene la particularidad de agravarse con el paso del tiempo y solicita por ello que, mientras se avanza en la investigación penal, “se ordene la paralización precautoria de urbanizaciones cerradas en construcción en áreas de humedales (…) para que las obras no comenzadas no se ejecuten, que las que se están construyendo se paralicen, y las ya consolidadas no se amplíen”.
*Por Rodrigo Picó y Juan del Pino (notas.org)
