La cifra de cuántos menores pueden estar en las filas de los grupos guerrilleros que operan en Colombia no se conoce con certeza, pero el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende en la actualidad a más de cinco mil 700 menores desvincuLados de los grupos armados.
Para la Defensoría del Pueblo de “los cerca de ocho millones de víctimas, oficialmente reportadas como consecuencia del conflicto, un millón y medio son menores de edad, de ellos 493 mil 600 corresponden al rango entre los cero y los cinco años de edad”.
El ICBF reveló que “entre noviembre de 1999 y marzo de 2016 fueron atendidos cinco mil 969 niños, niñas y adolescentes que sobrevivieron al reclutamiento de los grupos armados ilegales”.
De ellos, el 60 por ciento provienen de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las zonas con mayor incidencia frente a este fenómeno fueron Antioquia, Caquetá, Meta, Cauca y Tolima, agregó.
Es en este contexto donde tiene una gran importancia el acuerdo que firmaron este domingo en La Habana, Cuba, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, para que los menores de 18 años salgan de los campamentos rebeldes y se incorporen a sus familias y a la vida civil, con todo el apoyo institucional.
Cifras de organismos no gubernamentales estimaron que entre los grupos armados pueden estar más de 10 mil niños y niñas, de los cuales el 60 por ciento podrían estar en las filas de las FARC, como guerrilleros en zonas rurales o milicianos en las pequeñas y grandes ciudades.
En los últimos 15 años, por los programas sociales del ICBF han pasado unos seis mil desvinculados de los grupos armados ilegales que operan en Colombia.
El reclutamiento de menores para la guerrilla lo hacen grupos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y los derechistas grupos paramilitares, bandas criminales al servicio del narcotráfico.
Los directivos del ICBF aseguraron que la institución tiene la experiencia y los programas necesarios para recibir a los menores de edad que se desvinculen como consecuencia de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN.
El gobierno mantiene negociaciones de paz en La Habana con las FARC desde noviembre de 2012, y está preparando la mesa de negociaciones de paz con el ELN, que es la segunda fuerza insurgente más activa en este país andino.
El ICBF tiene un programa diseñado para atender a los menores que se desmovilizaron de manera individual o quienes son capturados en operativos militares o policiales.
El reclutamiento forzado de menores es una clara violación de sus derechos humanos y se requiere de un fuerte trabajo sicosocial para garantizar su incorporación al seno de la sociedad y de sus hogares.
Para los sicólogos de la institución, el momento de la acogida del menor que proviene de los grupos armados, es clave porque es todo el trabajo sicosocial que deben hacer los profesionales con cada uno de los niños que llega con unas afectaciones sicológicas muy fuertes.
La primera fase de trabajo sicosocial con un niño desmovilizado puede durar cuatro meses, ya que ese menor llega con unas vivencias muy fuertes como son su separación familiar, y “haber visto vejámenes y crímenes”.
El niño queda en manos del Estado hasta que cumpla 18 años de edad y pasará a la Agencia para la Reincorporación, que ofrece una serie de programas de educación y laborales para los desmovilizados del conflicto interno.
La Defensoría del Pueblo propuso un catálogo a los negociadores en La Habana con una serie de condiciones mínimas para asegurar los derechos fundamentales de los menores de edad al desvincularse de la guerra.
El protocolo fue elaborado y definido por los negociadores y puesto a consideración de la Mesa de La Habana por parte de la Defensoría del Pueblo y otras 15 organizaciones nacionales e internacionales.
En el documento fueron definidos “los parámetros como presupuesto para la desvinculación de la población infantil en las filas del grupo guerrillero”.
El protocolo contiene los siguientes puntos: Elaboración de una base de datos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las FARC, considerando características como la edad y el estado de salud.
Para el proceso de entrega, dar prioridad a aquellos niños, niñas y adolescentes que estén heridos o en situación de discapacidad y dar prelación en la entrega de las niñas y mujeres embarazadas.
“Entrega urgente de todos los niños y niñas menores de 15 años. Entrega final y definitiva de todos los y las adolescentes cuyas edades oscilen entre los 16 y los 18 años”, estableció la Defensoría del Pueblo.
Planteó “la creación de una comisión de seguimiento para el cese de violaciones a los derechos de la población infantil en el marco del conflicto armado”.
Además de crear “un instrumento de verificación frente a las medidas adoptadas para tales efectos, de tal manera que sirva como insumo para facilitar el reconocimiento de la responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y los procesos de justicia”´, indicó.
Este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC recibió el beneplácito de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, de las víctimas de esta guerra de 52 años que se acerca a poner punto final, al menos con el grupo rebelde más importante que opera en Colombia.
Este pacto para sacar de los campamentos rebeldes a los menores de edad, no tiene antecedentes en ninguna negociación de paz a nivel mundial, y así fue reconocido por los delegados de la Organización de las Naciones Unidas en La Habana, que es el organismo que verificará y seguirá el proceso de concentración y dejación de las armas de los guerrilleros de las FARC.
