El actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, tiene los días contados en su cargo. La pregunta que invadió las redacciones de los medios periodísticos este último viernes era cuántos días más lo va a sostener el presidente Mauricio Macri. El funcionario es cuestionado por propios y ajenos y acaba de ser imputado a solicitud del fiscal federal Carlos Stornelli, acusado de beneficiarse con los aumentos de las tarifas de gas; además de por la compra de gas a Chile sin licitación pública y con supuestos sobreprecios, todo, bajo el paraguas de su doble rol de funcionario público y accionista de la multinacional Shell.
La compra de gas a Chile nunca se comprendió. En realidad, cualquier explicación es inentendible porque el país trasandino no produce gas y su importación le cuesta al Estado argentino un 128 por ciento más caro que si siguiera comprándoselo a Bolivia.
Según consigna este domingo el diario Página 12, en la denuncia –que Stornelli presentó ante el juez federal Luis Rodríguez– se recuerda que Aranguren ingresó en 1979 a Shell Compañía Argentina de Petróleo SA, empresa que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), y en la cual llegó a ocupar el cargo de presidente entre 2003 y junio de 2015. Según consta en sus declaraciones juradas, mientras estuvo en la empresa recibió una cantidad variable de opciones y/o acciones de RDS que se acrecentaron en función de los dividendos declarados por la firma, hasta llegar a la suma de 13.188.436,49 pesos en diciembre de 2014.
Los legisladores afirman que debido a esa situación el ministro incurriría en las incompatibilidades previstas en el artículo 13 de la Ley Nº 25.188, de Ética Pública. Esa norma establece a su vez en el artículo 15 que, quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad, debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. “Claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses”, remarca la denuncia.
A esta imputación hay que sumarle los desaguisados que creó en su gestión con el brutal aumento de tarifas de luz y gas, decisiones que desataron la reacción de intendentes, gobernadores, centrales obreras y legisladores y dirigentes políticos opositores e, increíblemente, del propio Cambiemos.
En el seno del Gabinete nacional, las diferencias y discusiones se dan con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque es el funcionario que ha tenido que dar la cara frente al reclamo de mandatarios provinciales y municipales, quienes no dudaron en acudir a la Justicia para frenar incrementos de entre 400, 1.500 y hasta el 2.000 por ciento en las tarifas de luz y gas para pequeños y medianos comercios e industrias y pobladores, provocando una crisis que alcanzó hasta a cuerpos de bomberos voluntarios y clubes de barrios virtualmente obligados a cerrar sus puertas.
En respuesta a los aumentos indiscriminados decididos por la cartera a cargo de Aranguren, los gobernadores salieron a rechazar la propuesta del Gobierno de fijar un tope del 400 por ciento y, harto de tantas consecuencias negativas ventiladas por la opinión pública, Frigerio salió a advertir que no habrá más aumentos en 2016.
Pero no hubo solamente aumentos de tarifas del gas y la luz desde que asumió Mauricio Macri. También los hubo en el transporte público, el agua y en la canasta básica de alimentos, con una inflación galopante.
Desde las centrales obreras, Hugo Moyano, que ha preferido no realizar un paro general al Gobierno, también disparó contra Aranguren. A raíz de la internación del Presidente, afectado por una arritmia cardíaca, el líder del Sindicato de Camioneros acaba de sostener que “la mala sangre se la hacen algunos ministros, que equivocan el porcentaje de aumentos”.
En una entrevista por radio Continental, el dirigente cuestionó que “Aranguren y muchos otros tienen expresiones que no son las mejores” porque “nos dicen que es una fantasía vivir mejor”, en obvia referencia al economista Javier González Fraga. “¿Es una fantasía poder comer con dignidad todos los días?”, se preguntó, y agregó que “si bien muchos creíamos que había que hacer un sinceramiento” de la economía, “no era de la forma violenta en que se está haciendo”.
Y la semana cerró con una marcada preocupación en el Gobierno por poner paños fríos ante los cruces verbales que tuvieron como protagonista central a Elisa Carrió profiriendo a la vicepresidenta Gabriela Michetti la amenaza pública de que “es mejor que haga silencio conmigo”; todo por afirmaciones que había realizado la titular del Senado de la Nación en el sentido de que Lilita “es inmanejable”.
Carrió fue la primera dirigente de Cambiemos que salió “con los tapones de punta” desde que fueron anunciados los aumentos de tarifas con la consiguiente disparada de los índices inflacionarios.
De manera que no hay más que observar y escuchar acerca de cuánto ocurre en el seno del propio Gobierno y sus aliados para caer en la cuenta de cómo va la cosa. Con serios cuestionamientos desde adentro al ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay por el insólito y reprobable pedido de disculpas efectuado en España, soslayando los numerosos desfalcos producidos por empresarios españoles contra empresas argentinas del renombre de Aerolíneas Argentinas e YPF.
En la Madre Patria también aprovechó un encuentro con inversores para disculparse, en nombre del Estado, por “lo que han sufrido los capitales españoles” y, además, dijo que no le da miedo la pérdida de puestos de trabajo”.
Los despidos ya son muchos más que 150 mil en el país. Jornada a jornada se producen más cesantías y suspensiones.
Al respecto, los periodistas llegamos a nuestro Día sin nada que festejar. En esta etapa, han sido despedidos alrededor de 2.500 colegas en el ámbito público y privado en todo el país. Esta fue la conclusión más alarmante que se recogió en el marco de la última audiencia de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, en el seno de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), donde se expuso la difícil situación que están atravesando los periodistas en todo el país.
A la reunión fueron invitados trabajadores de Radio América, Radio Madres, Editorial Televisa, Agencia de Noticias Télam, 360TV, La Nación, y también representantes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y del Sindicato de Prensa de Rosario.
El secretario de Organización de la FATPREN, Flavio Frangolini, manifestó que “no sólo son despidos en los ámbitos privados, sino también por parte del Estado, el cual cuando es patronal despide, precariza y persigue. Así pasa en las 48 emisoras de Radio Nacional, en todas las emisoras universitarias; en las diez FM que tiene la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no hay un solo trabajador en blanco, y tuvimos despidos en la UTN de Avellaneda. Por lo que no son solamente las empresas privadas, si bien allí tenemos la mayor problemática”.
Durante los últimos meses, la situación del gremio de prensa se vio afectado por los DNU implementados en diciembre de 2015, entre ellos se encuentra el que derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y creó el ENACOM, con una clara política de competencia mercantil en lo referido a la materia.
Además, se modificaron las pautas oficiales y se avasallaron los derechos de los medios alternativos, populares y autogestivos, a quienes no les paga el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que fueron aprobados durante el año anterior.
Es sincero el deseo de que nuestros colegas desocupados y/o suspendidos puedan resolver sus inconvenientes y recuperen sus puestos de trabajo.
*Por Pedro Noel Romero. ANDigital
