El artículo 85 del proyecto de blanqueo que envió el Gobierno establece castigos para quien filtre o divulgue información sobre quienes adhieren al blanqueo. De esa manera, un periodista que publique información podría sufrir hasta dos años de prisión y una multa igual al monto que blanqueó el “damnificado”. Conflicto con la garantía constitucional a la libertad de prensa.
El proyecto de ley de blanqueo que el Ejecutivo giró esta semana para su debate en el Congreso prevé penas de hasta dos años para quienes “divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones y voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley”.
De esta forma, el proyecto busca castigar a quienes pudieran acceder a información sobre el origen de los fondos que ingresen por el sistema de blanqueo que busca implementar el gobierno. Sin embargo, no son pocos quienes señalan que la iniciativa choca de lleno con la garantía constitucional que protege a la libertad de prensa, toda vez que establece un castigo penal y una multa no sólo para quien filtre si no también para quien publique información que eventualmente podría afectar el interés público.
El proyecto establece que quien publicara información no sólo podría cumplir dos años de pena en prisión sino que también deberá pagar una multa “igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera regulado”.
En su columna de Página/12, el periodista Horacio Verbitsky aseguró que con esta reglamentación “si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares. Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le impediría presentarse”.
El especialista en políticas y tecnologías de la comunicación, Martín Becerra, afirmó en su blog que “la redacción del proyecto es tan descabellada que, por ejemplo, si uno de los sujetos que participen del blanqueo decidiera contar a un periodista que parte de esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, si el periodista al investigar los hechos y los conectara con otras irregularidades, eventualmente de corrupción estatal-privada (es una hipótesis) y si, protegiendo la identidad de su fuente original, lo publicara o difundiera por cualquiera de los medios de comunicación, el periodista cometería un delito penal según el proyecto de ley”.
Asimismo, Becerra sostuvo que la pena alcanzaría a los editores responsables y dueños de los medios donde la información se difundiera, además de los sitios, agregadores e indexadores web.
