La decisión fue presentada por escrito el martes pasado ante el juzgado de María Romilda Servini y se materializó cuando los abogados de la Secretaria no se presentaron a una audiencia ante la Cámara Federal, en el marco de la causa. En la presentación realizada ante el juzgado federal 1, los abogados de la Secretaria no informaron los motivos de la declinación pero especificaron que era por orden de su superior, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La decisión tomó por sorpresa al ex banquero, principal impulsor de la causa, quien a principios de año se había reunido con el funcionario a cargo de la cartera de Derechos Humanos, quien le había manifestado que no desistiría de la querella, según pudo reconstruir Télam.
Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y sometido a largas sesiones de tortura que, según denunció, tenían por objetivo obligarlo a que confesara "delitos inexistentes" vinculados con el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI), del que era presidente y propietario.
El empresario remarcó ante la Justicia que tras el secuestro (que duró una semana) y la tortura fue despojado de su entidad y aseguró que el episodio estuvo instigado por el entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, quien, tras la liquidación de ese banco, renunció a su cargo.
El BLI tenía, además, acciones de la compañía aérea Austral, en custodia debido a un préstamo que había realizado a esta empresa, que la dictadura pretendía estatizar. El objetivo no era posible sin la aprobación de Saiegh, quien ejercía la presidencia de la entidad bancaria.
El plan del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz para estatizar con Austral contaba con la aprobación de los dueños de la compañía, entre los que se encontraba William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central, y terminó de concretarse con la liquidación del Banco Latinoamericano.
La Secretaria de Derechos Humanos era co-querellante en el caso desde 2011 y este año la Cámara Federal de Casación Penal le hizo lugar a un recurso presentado por esa cartera para anular el sobreseimiento de Reynal, situación que fue apelada.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos informaron a Télam que la decisión de desistir de su rol de co-querellantes estuvo relacionada con un elemento que podría "enturbiar" la relación de esa cartera con el juicio por delitos de lesa humanidad.
Ese elemento es una página web presuntamente registrada a nombre de Saiegh (http://www.flides.com.ar/) en la que se promociona un fideicomiso y donde el administrador del sitio consignó que el Estado "respalda jurídicamente los derechos patrimoniales que estructuran el Fondo".
La mención tiene que ver con que en el sitio del Fondo Fiduciario Latinoamericano de Inversión y Desarrollo Socio-Económico se retoma la historia de Saiegh y se destaca que la Secretaría de Derechos Humanos apoya su reclamo judicial, que, de triunfar, conllevaría una cuantiosa indemnización.
"El hecho de que la Secretaría de Derechos Humanos se retire no afecta en modo alguno al proceso judicial. Tampoco le quita validez al reclamo. Ni siquiera significa que al denunciante no le asista la razón", sostuvieron fuentes de la Secretaría que conduce Avruj.
El proceso que culminó con la salida de la Secretaría de Derechos Humanos del caso Saiegh comenzó el 2 de junio cuando el diario La Nación publicó un artículo editorial, sin firma, titulado "Un caso de fraude en derechos humanos".
Con ese artículo bajo el brazo y la mención del fideicomiso, el abogado de Reynal, Jorge Eduardo Bustamante, realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción que conduce la ex diputada del PRO, Laura Alonso, para reclamar la retirada de la Secretaria de Derechos Humanos.
El 30 de junio, Alonso le mandó un escrito a Avruj en el que le recomendó evaluar la información que había en la denuncia, que hablaba de posibles "desviaciones de poder" por parte de los funcionarios de ese organismo, y le advirtió sobre las posibles consecuencias de un "actuar irregular".
