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» » El ex juez Olmedo De Arzuaga y otros 10 acusados se negaron a declarar

(30/08/16 - Lesa Humanidad)-.El ex juez federal Santiago Olmedo De Arzuaga (foto) y otros diez acusados entre militares, policías y un civil, se negaron hoy a prestar declaración indagatoria, en la tercera audiencia del juicio de la "Megacausa 3" que se realiza en Santiago del Estero. 

En la tercera audiencia del proceso judicial, que lleva el juzgado Federal, el ex magistrado de 69 años que presidió el tribunal por el crimen de la joven catamarqueña María Soledad Morales, en el año 1998, se negó a la indagatoria y se remitió a declaraciones durante la etapa de instrucción judicial. 

Asimismo y ante la negativa del tribunal a convocar a una junta médica para evaluar su estado de salud, requerida por su abogado defensor, Facundo Muggio, el ex juez explicó que padece de "tres enfermedades autoinmunes y digestivas".

Después de 14 años, Olmedo De Arzuaga llega a juicio oral acusado de los delitos de "violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita", cometidos antes y durante la última dictadura militar en la década del 70. 

Por su parte, el ex comisario Miguel Tomás Garbi y el ex oficial Ramiro López Velloso, que secundaron a Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP),la denominada Gestapo Santiagueña, también optaron por el silencio a sugerencia de sus abogados defensores.

En la misma audiencia, también se abstuvieron de declarar los acusados ex policías santiagueños Juan "Sérpico" Bustamante, Eduardo Bautista Baudano, Pedro Carlos Ledesma y Roberto "Sifón" Díaz.

El ex subjefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, Cayetano Fiorini, que sigue el juicio por videoconferencia desde su casa del partido bonaerense de Vicente López, se negó a ser indagado, al igual que el ex teniente Jorge D´Amico, que prefirió indicar que hará uso de su derecho a declarar cuando "considere necesario".

Similar actitud adoptó el ex jefe de Policía de Santiago del Estero, coronel (R) Warfi Herrera, aunque aclaró que "nunca adherí al decreto de Seguridad Nacional de 1975" y tras expresar sus condolencias y respeto a los familiares de las víctimas de la dictadura militar pidió al tribunal "investigar los dos años" de su gestión.

Otro imputado que prefirió no declarar fue el civil Raúl "Cashulo" Silva, que durante varios años se desempeñó como asistente de los ex gobernadores Carlos Juárez y su esposa Mercedes "Nina" Aragonés.
Asimismo y por encontrarse ausentes en el recinto de audiencias, no fueron indagados el ex jefe de inteligencia Antonio Musa Azar y el ex policía Dido Isauro Andrada, según explicaron por "razones de enfermedad"

Tampoco asistió el ex juez Arturo Liendo Roca, que por recomendación médica guarda reposo en su casa de la capital santiagueña, aunque el tribunal anunció que en breve adoptará "medidas necesarias" para que el imputado pueda seguir el proceso judicial a través de un sistema de videoconferencias.

En todos los casos, los ex militares y policías acusados llegaron al juicio oral procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes una "asociación ilícita".

Entre las víctimas, el TOF investiga las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi, Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad.

También,el tribunal rechazó nuevos intentos de recusación a sus integrantes y a la fiscal Indiana Garzón y resolvió conformar una junta médica para revisar a los acusados Liendo Roca, Musa Azar y Andrada, que estuvieron ausentes en la audiencia de hoy.

Las audiencias se reanudarán mañana a partir de las 10, oportunidad en que el TOF convocará a indagatoria a Musa Azar, que cumple cuatro condenadas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y el doble crimen de La Dársena por los asesinatos de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, cometidos en febrero del 2003 durante el gobierno constitucional de "Nina" de Juárez.

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