El magistrado fiscal Oydén Ortega solicitará este miércoles al juez de garantías, Jerónimo Mejía, una prórroga para culminar la investigación a Martinelli por la supuesta comisión del delito de peculado en el contrato para la comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El proceso está suspendido desde el pasado 2 de julio, cuando Ortega, en una audiencia de control, presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, que concedía un plazo de dos meses para concluir la investigación seguida a los diputados.
Durante la audiencia, el juez de garantías ordenó la suspensión de todas las diligencias en este caso hasta que se resolviera el recurso. Además, antes de culminar, Mejía negó dos solicitudes presentadas por la defensa de Martinelli; una para que se ordenara al director del entonces PAN, ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, entregar documentación a la defensa. La otra era una queja por la publicación de un boletín de prensa de la Corte Suprema de Justicia que supuestamente daba detalles del proceso.
El 19 de diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional el artículo 491-A, pero el proceso no se reanudó por que se debió esperar a que el fallo fuera publicado en la Gaceta Oficial.
La vinculación de Martinelli con los contratos para la compra de comida deshidratada surgió el 15 de diciembre de 2014 en la indagatoria rendida por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, en la que aseguró que las órdenes para asignar los contratos las recibía del entonces Presidente.
En tanto, los abogados de Martinelli afirmaron que la Corte intenta usar los casos de Martinelli para lavar su imagen pública y no le ha importado violar la ley para satisfacer intereses políticos.
Cristóbal Arboleda, vocero de la defensa legal del exmandatario, planteó que, a pesar de ser una Corte claramente hostil, estará presente en la audiencia de hoy.
Alegó que la audiencia es una distracción para que los medios de comunicación desvíen su atención de la crisis en la máxima corporación de justicia.
