La larga lucha realizada por los organismos de derechos humanos en Argentina logró que, a 40 años del último golpe militar, hayan sido condenados 622 represores que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de víctimas.
Los crímenes cometidos durante la dictadura más sangrienta de Argentina (1976-1983) incluyeron el robo de centenares de bebés que nacían en cautiverio y que eran apropiados por los asesinos de sus padres o entregados en adopciones ilegales a otras familias.
El próximo 24 de marzo se cumplirán 40 años del inicio del golpe militar que dio paso a un gobierno de facto que terminó siete años y medio después y que sumió a Argentina en una de las peores tragedias de su historia.
Desde los primeros años de la dictadura, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo salieron a las comisarías y hospitales a buscar a sus hijos y nietos desaparecidos, pero los organismos se fueron multiplicando con el correr del tiempo.
Así se fundaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicios de Paz y Justicia, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y Familiares y Detenidos por Razones Políticas.
En este andamiaje en favor de los derechos humanos también se sumaron los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y Memoria Abierta.
A pesar de las divisiones internas que separaron, por ejemplo, en dos grupos a las Madres de Plaza de Mayo, en su conjunto los organismos empujaron los juicios de lesa humanidad, considerados así para que no preescribieran.
En 1985, el primer gobierno democrático post dictadura que encabezó Raúl Alfonsín tuvo un primer logró cuando se condenaron a las juntas militares que gobernaron al país desde 1976 hasta 1983.
La justicia era incompleta, porque los miles de cómplices de los dictadores quedaron libres de culpa y cargo gracias a la aprobación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, mejor conocidas como leyes de impunidad.
En 1989, los avances fueron interrumpidos cuando Carlos Menem indultó a los condenados, entre ellos a algunos de los personajes más tenebrosos de la historia latinoamericana, como Jorge Rafael Videla.
En medio de la indignación, los organismos no se paralizaron y continuaron un trabajo que rindió frutos a partir de 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, el presidente que asumió la lucha por los derechos humanos como eje de su gobierno, política que continuaría su esposa Cristina Fernández.
Un par de años después, anuladas las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios por delitos de lesa humanidad que han convertido a Argentina en un ejemplo a nivel mundial. Sudamérica fue una región colmada de dictaduras a lo largo de su historia, pero la mayoría de sus criminales nunca fueron condenados y mucho menos juzgados por tribunales propios, como ocurrió en Argentina.
Los juicios avanzaron gracias a que se convirtieron en una política de Estado garantizada no sólo por el Poder Ejecutivo ni por los políticos y simpatizantes kirchneristas, sino por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 a 2015 se abrieron 514 causas judiciales en las que quedaron imputadas dos mil 166 personas.
Hasta ahora, 147 de esas causas ya concluyeron con sentencias de culpabilidad en contra de 622 represores, más 57 absoluciones.
Las cifras se engrosarán porque están en marcha 18 juicios orales y públicos que deberán concluir este año, a lo que se suman las 116 causas que se encuentran listas para llegar a instancia de juicio, mientras que otras 233 apenas están en etapa de investigación.
Con respecto a los represores, 883 siguen procesados, a 113 ya se les dictó falta de mérito, 11 fueron sobreseídos (lo que implica que no hubo pruebas suficientes para enviarlos a juicio), y sigue pendiente la situación procesal de 196.
Entre los acusados, 227 murieron viejos e impunes, mientras se desarrollaban los procesos en su contra, mientras que una de las aristas más graves de los juicios es que hay 57 prófugos sobre los que pesan órdenes de captura internacional.
