En 2012, el actual ejecutivo en funciones del derechista Partido Popular (PP) aprobó un decreto que, entre otras medidas, incluyó la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y casos de urgencia.
De acuerdo con informes de la Red de Denuncia y Resistencia (Reder) al decreto de abril de 2012, integrada por unas 300 organizaciones, desde septiembre de 2014 más de dos mil extranjeros “sin papeles” vieron vulnerado su derecho a esa prestación básica y universal.
Esta red, incluso, detectó incumplimientos de la propia normativa: 36 niños a quienes se les denegó la tarjeta, 47 incidencias en urgencias (por negación de asistencia o por intento de cobro de esta) y 28 mujeres que no consiguieron acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.
