El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y convocó a declaración indagatoria a cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) imputados de aplicar torturas a un hombre detenido en la cárcel de Ezeiza, a quien golpearon y abusaron sexualmente.
Las indagatorias de los cinco penitenciarios se llevarán a cabo el mes próximo, para lo cual el juez dispuso ordenar al director de esa institución, Emilio Blanco, que "notifique en forma estrictamente personal a los agentes penitenciarios" para que se presenten a declarar "bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de ordenar sus inmediatas detenciones".
En efecto, al dar curso al pedido de indagatoria formulado por el fiscal federal subrogante Sergio Mola, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc de ese organismo, Claudio Pandolfi, el juez lomense rechazó el pedido de detención que habían añadido los representantes del Ministerio Público con el objeto de garantizar la sujeción de los imputados al proceso. "No se advierte en el sumario la existencia de elemento alguno para estimar fundadamente la posible fuga o entorpecimiento de la investigación", consideró el juez.
No obstante, Santa Marina coincidió con la Fiscalía en la calificación de los hechos, a los que encuadró en el artículo 144 tercero, incisos 1 y 3, que reprimen con penas de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusiera cualquier clase de tortura a personas detenidas.
La investigación que derivó en la convocatoria a declaración indagatoria de los cinco agentes, que siguen en sus funciones, estuvo a cargo de la Fiscalía, con la asistencia de la Procuvin, dado que el juez delegó la instrucción en el Ministerio Público en función del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
A los penitenciarios se les imputa haber torturado a un joven detenido dentro de un recinto de alojamiento transitorio, conocido como "leonera". De acuerdo con las pruebas recabadas por la Fiscalía -entre otras, el testimonio de la víctima e informes de los médicos forenses que corroboran las lesiones en el ano y en el resto del cuerpo- el hecho sucedió el 24 de agosto de 2014 en la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, cuando los imputados y al menos una o dos personas más "sometieron a golpes varios y de diversa intensidad en distintas partes del cuerpo" al joven detenido, "a quien mantuvieron esposado y con la cabeza contra el piso, para luego bajarle los pantalones e introducirle, contra su voluntad, un elemento, que la víctima no pudo ver, en su ano, ocasionándole las lesiones".
En su declaración, la víctima indicó que los autores de los hechos fueron agentes del grupo de requisa, el jefe de turno y el inspector de turno y agregó que se iniciaron luego de que mantuviera una discusión con los ahora imputados. Después de la tortura, el joven fue trasladado a los denominados "buzones", las celdas de aislamiento.
La víctima declaró además que, tras formular la denuncia, sufrió persecuciones dentro del penal y la exigencia para que "la retirara" y que, incluso, su pareja comenzó a tener problemas con la guardia los días en que lo visitaba.
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