El fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, interpuso un recurso de casación para revertir la prisión domiciliaria que le fue otorgada al doblemente condenado ex policía provincial del Servicio de Informaciones, José Rubén Lofiego.
El 4 de abril pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario hizo lugar al pedido de la defensa del acusado, que será próximamente juzgado en otra causa que incluye homicidios y abusos sexuales durante la última dictadura. La jueza Beatriz Caballero de Barabani y el juez Jorge Venegas Echagüe dispusieron el beneficio para Lofiego una vez que el imputado tenga garantizada una atención especial en su domicilio de profesionales médicos de su obra social. Los magistrados fundaron la decisión en un dictamen médico sobre las dificultades motrices que presenta el ex policía, quien no podría sostenerse en pie sin ayuda.
Lofiego viene cumpliendo las condenas y la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Para la Fiscalía, el traslado a su domicilio no sólo no fue fundado debidamente por el tribunal sino que además significa un potencial peligro para los testigos de los juicios por crímenes de lesa humanidad de esa jurisdicción.
En ese sentido, citó entre otros precedentes al ex procurador interino Luis Gonzalez Warcalde, quien frente a un caso similar sostuvo: "Este Ministerio Público no teme a la capacidad física de un anciano para fugarse o entorpecer de manera activa el proceso, sino al ascendiente que todavía conserve sobre las estructuras de poder que le fueron adictas y que, por desgracia, pueden pervivir en el país. No se teme la fuerza, sino el poder de un hombre".
En tanto, frente a las supuestas razones médicas alegadas en la decisión judicial, Villatte señaló: "Afirman vuestras excelencias que, conforme informe pericial e informes del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el nombrado padece múltiples patologías que exigen atención y cuidados permanentes. Tal como venimos sosteniendo, esta afirmación no está ni fundada ni probada; en ninguna constancia obrante en el expediente se menciona que Lofiego requiera atención exclusiva y permanente".
El fiscal también puso de relieve que en su decisión el tribunal afirmó que "las patologías del imputado no están siendo atendidas adecuadamente y que eso conlleva un desmejoramiento" y reiteró que esa aseveración "carece absolutamente de fundamentos", pues "no existe una constancia en la cual se invoque que Lofiego no recibe tratamiento adecuado".
"Por sobre todas las cosas, no existe ni fundamento ni prueba de que la situación de salud de Lofiego se haya agravado por su alojamiento en el lugar de detención", sostuvo, y en ese sentido remarcó: "Entiendo que Lofiego puede permanecer alojado en el penal, en los mismos términos que viene haciéndolo, en el cual se le prestan las atenciones necesarias. Ningún episodio se registró que permita afirmar lo contrario".
Lofiego cuenta con dos condenas: una prisión perpetua, dictada en 2012 en la causa Feced-Díaz Bessone, y la otra a doce años de prisión, en la denominada causa Nast.
Para dar cuenta de la peligrosidad del imputado, en su recurso contra la prisión domiciliaria Villatte recordó que el mismo TOCF 2 dio acreditado en la sentencia a perpetua que Lofiego "participó personalmente de los interrogatorios bajo tormentos; fue parte de los grupos que realizaban los procedimientos para detener ilegalmente gente; agredió físicamente de manera personal a los detenidos y; formó parte de los traslados que importaban la muerte de éstos. En definitiva, utilizó su preparación profesional como modo de afligir a quienes ilegalmente mantenía bajo cautiverio, hasta que se resolvía su destino final. Fue especialmente cruel, conforme lo acreditan los testimonios de prácticamente todos los testigos que pasaron por este juicio".
