De acuerdo con los integrantes de la CCD, durante la audiencia “se logró un amplio consenso sobre la necesidad de no retroceder con derechos conquistados y promover una convergencia tecnológica respetuosa de la comunicación como un derecho humano fundamental y no como negocio de las corporaciones”.
Convocados por el titular de comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Remo Carlotto, los legisladores que la integran, escucharon las ponencias de la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo; Luis Lazzaro, de la Coalición por una Comunicación Democrática; Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y un representante del CELS para dialogar sobre las conclusiones de la audiencia ante la CIDH en torno de la situación actual de Argentina en materia de libertad de expresión y servicios de comunicación audiovisual.
Remo Carlotto (Bs. As. FPV-PJ) como presidente de la Comisión, estuvo acompañado por Karina Banfi (Bs. As. UCR), Vicepresidente 1° y Omar Plaini (Bs.As., CULTURA, EDUCACION Y TRABAJO) Vicepresidente 2°. También asistieron el presidente del bloque del FPV-PJ, Héctor Recalde; el diputado por Santa Fé, Eduardo Seminara (FPV-PJ), Fernando Sanchez (CABA, Coalición Cívica), Liliana Mazure (CABA, FPV-PJ), Cornelia Schmidt Liermann (CABA, Unión PRO), Juan Manuel Pedrini (Chaco, FPV-PJ) y Julio Raffo (Bs.As. DIALOGO Y TRABAJO-FR), entre otros.
Los expositores ratificaron las denuncias presentadas en Washington ante la CIDH sobre las graves violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos que expusieron en sus alegatos el pasado 8 de abril y destacaron la reciente declaración de la Comisión, que alertó sobre la necesaria defensa de los derechos alcanzados con la Ley 26.522 y evitar cualquier situación de regresividad en materia de derechos humanos.
En nombre de la CCD se destacó que el proyecto original presentado en 2009 ante el Congreso de la Nación, resultante de más de 24 Foros participativos en todo el país y de audiencias realizadas en el Parlamento, incluían una perspectiva de convergencia entre el sector audiovisual y el de telecomunicaciones basado en el principio de la desconcentración simultánea, evitando posiciones de mercado que afecten la participación del sector cooperativo y la creación de monopolios que atacan la libertad de expresión en su doble dimensión: individual y social.
También se cuestionó el DNU 267/2015 por someter el órgano de aplicación (ENACOM) a la voluntad política del Ejecutivo y colocar el sector más significativo del acceso a la información y el entretenimiento, como es la televisión por cable, a la desregulación mercantil que desproteje a las Pymes y cooperativas, alienta la concentración del mercado y priva a los usuarios de derechos básicos en materia de contenidos, incluyendo los canales locales y la plena accesibilidad para las personas con discapacidad.
La Comisión resolvió realizar audiencias y consultas públicas en todo el país, anunció que el gobierno fue convocado para el próximo 10 de mayo y se pronunció por un debate amplio que garantice el debate sobre la comunicación asumiendo que están en juego derechos ciudadanos. En ese contexto, además. la CCD presentó los nuevos 21 puntos aprobados el pasado 3 de marzo como nueva plataforma para que el derecho a la comunicación se extienda a todas las plataformas y dispositivos de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
