(10/06/16 - Puerto Rico)-.La Corte Suprema de USA falló el jueves en contra de Puerto Rico al negar a la isla soberanía jurídica para aplicar sus propias leyes a criminales.Los jueces norteamericanos votaron 6-2 para dictaminar que Puerto Rico no puede presentar cargos a criminales por delitos graves locales si ellos ya han sido hallados culpables de delitos similares en cortes de Estados Unidos.
De esta forma, el Tribunal Supremo estipula que la última fuente del Poder Judicial puertorriqueño es el Congreso estadounidense, a pesar de que Puerto Rico aprobó en 1952 su propia Constitución y elabora sus propias leyes.
El territorio autónomo y los Estados Unidos no tienen soberanías diferentes", concluyó la Corte Suprema de USA, en una decisión contra la soberanía jurídica de Puerto Rico.
La decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico, pues recalca que la soberanía de la isla reside en Washington.
El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, en un comunicado, lamentó la decisión sobre este caso y consideró que tiene otras implicaciones.
"Toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, el perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con Estados Unidos”, advirtió.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan (capital puertorriqueña), Carmen Yulín Cruz, calificó la decisión del Tribunal Supremo federal de una demostración adicional de que Puerto Rico es una colonia y que su relación con USA, como Estado Libre Asociado (ELA), urge de renovación.
USA invadió el actual territorio de Puerto Rico en 1898, prometiendo libertad y democracia al pueblo. Las promesas no se cumplieron y, aunque en 1952 se estableció una peculiar forma de administración denominada 'Estado Libre Asociado', Puerto Rico sigue colonizado y se espera que se anexe a USA en enero del 2021.
Históricamente los propulsores de la independencia han rechazado que Puerto Rico haya alcanzado su soberanía, y a partir de 1961 el caso ha sido presentado ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el apoyo de Cuba.
