Dos de los testigos convocados por la base aliada que respalda al gobierno interino de Michel Temer e impulsa el juicio político contra Rousseff dieron versiones favorables a la presidenta suspendida, a tal punto que el abogado de la mandataria no le hizo preguntas, en una sesión que duró 14 horas y estuvo marcada por discusiones acaloradas entre los senadores.
Dos funcionarios de carrera del Tesoro Nacional fueron presentados como testigos convocados por la acusación, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que es el principal aliado de Temer en el gobierno interino.
En discusión estaba la responsabilidad de la presidenta en realizar "pedaleadas fiscales" con dinero de los bancos públicos para poder cubrir gastos del gobierno con el plan de crédito agrícola y seis decretos que no pasaron por el Congreso y que redefinieron prioridades de pago en el presupuesto 2015.
El coordinador de operaciones de crédito del Tesoro Nacional, Adriano Pereira de Paula, sostuvo que la gestión de Rousseff pagó la última cuota de su pasivo interno con los bancos públicos el 28 de diciembre, con lo cual se cumplió con el plazo de la ley de responsabilidad fiscal.
El funcionario Pereira fue específico en abonar la teoría defensiva de Rousseff de que estos mecanismos son responsabilidad de técnicos de los ministerios "y no es definido por un único integrante del gobierno federal", con lo cual le restó una supuesta culpa a la mandataria.
Los senadores del Partido de los Trabajadores y el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, manifestaron que acordaban con el testigo presentado por los que apoyan la destitución de Rousseff, ya que le daba fuerza técnica a sus posiciones sobre un tema tan controvertido.
El secretario adjunto del Tesoro Nacional, Otavio Ladeira, afirmó que el gobierno de Rousseff "se esforzó en cubrir los rojos que tenía con los bancos públicos para cumplir con la ley".
Dijo que el gobierno creó un comité para este asunto en abril y que las responsabilidades sobre los movimientos internos del presupuesto eran colegiadas, dando así aire a la defensa de Rousseff.
El tercer testigo, sí, alineado con la acusación, fue el auditor fiscal del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que depende del Congreso, Antonio Carlos Costa D'Avila, quien afirmó que el volumen de las operaciones de créditos internas en el presupuesto "son inéditas y no respetan las normas incluidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal".
En el inicio de la sesión habló el fiscal del tribunal de cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que vinculó esos movimientos en el presupuesto con "la actual crisis económica porque genera pérdida de confianza de agentes económicos, además de la pérdida de calificación de las agencias de riesgo".
El fiscal relató ante la comisión del Senado que esas maniobras comenzaron en 2013, se acentuaron en 2014 y continuaron en 2015.
Entre otras irregularidades, explicó que el gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
La comisión de juicio político continuará su trabajo el lunes, luego de que el Supremo Tribunal Federal aceptara la lista de testigos presentada por la defensa de Rousseff pero rechazara incluir en el texto los audios de aliados de Temer como el senador Romero Jucá, que indicó que hubo un pacto para llevar adelante la destitución y poner al vice en la jefatura del Estado para frenar el impulso de la operación anticorrupción Lava Jato.
Según el cronograma, entre el 1 y 2 de agosto se podrá votar en el pleno del Senado si se aprueba o no el informe de la comisión (por mayoría simple).
Si avanza, habrá un plazo de hasta 20 días para que el Senado se transforme en un tribunal y decida por la suerte de Rousseff, justamente en un período de alto impacto político internacional como son los Juegos Olímpicos, que se inicial el 5 de agosto.
Para ese día, supuestamente el país tendrá dos presidentes, uno en ejercicio y otro suspendido, y además, rivales.
