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» » Se le chispoteó a Mariú

(10/06/16 - Libertad de Expresión)-.El PRO y sus aliados de derecha en Cambiemos, la Unión Cívica Radical, ARI y Fe cometen cada vez más seguidos fallidos por escrito y se les escapa en la redacción de proyectos y decretos.

Así es cada vez más frecuente encontrar elementos represivos y violatorios de derechos fundamentales como el derechos a informar e informarse, mostrando el verdadero rostro de la derecha que se autoproclama democrátioca y republicana, pero que tiene muy poco de las dos cosas.

Luego de la polémica que generó el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional que incluye la posibilidad de prisión para los periodistas que difundan información sobre el blanqueo de capitales, se sumó un decreto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El mismo pretendía establecer una sanción de hasta dos años de cárcel para quienes den a conocer el contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubicaba a "terceros", es decir, periodistas y medios de comunicación. 

Cuando asumieron las administraciones macristas en Nación y provincia de Buenos Aires, anunciaron el "final de la guerra contra el periodismo". Sin embargo, dos proyectos oficiales proponen un retroceso notable en materia de libertad de expresión, que incluyen la detención de periodistas.

En estos días, desde el Gobierno Nacional anunciaron que van a analizar cambios en el proyecto sobre blanqueo de capitales, sobre todo el polémico artículo 85 que refiere a los comunicadores. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri afirmó en un brindis con periodistas oficialistas: "Es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas. Es todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, ver qué actos son públicos y cuáles no", sentenció. 

Después de la polémica, la gobernadora bonaerense aclaró en las redes sociales que si "alguna cuestión técnica generó dudas" el decreto iba a ser "revisado". Las dudas, nada menos, pasan por la posibilidad de dictar prisión para periodistas que informen.  

En resumidas cuentas, la derecha que nos gobierna ordena a sus sicarios periodísticos guerras santas contra todo dirigente nacional y popular exista mostrando todo tipo de cuestiones privadas, pero reclama que nadie se atreva a husmear en sus cuestiones so pena de ir preso.

Todo un ejemplo de democracia de derecha, esa en que las empresas gobiernan a través de sus representantes.

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