"La evaluación definió una agenda clara sobre algunos de los graves problemas de derechos humanos del país que requieren políticas específicas e iniciativas institucionales", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales que junto a diferentes organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional presentaron una serie de informes ante el organismo multilateral.
En el mismo comunicado, desde el CELS expresaron que "los integrantes del Comité manifestaron preocupación por varios de estos temas estructurales y también por algunas decisiones tomadas en los últimos meses y señalaron que, durante la evaluación, "el Estado se comprometió con algunas medidas, aunque en temas importantes no respondió con definiciones de políticas concretas".
Integrantes del Comité "preguntaron sobre algunos casos específicos de ejecuciones y lesiones graves cometidas por las fuerzas de seguridad: los de Alan Tapia, Lautaro Bugatto, Lucas Cabello, Gabriel Solano, Franco Casco y Gerardo Escobar" y "pidieron al Estado información precisa sobre las investigaciones judiciales en estos casos para impedir la impunidad".
Con respecto a la situación de las personas privadas de libertad, desde el organismo señalaron que "el Estado reconoció que incumple sus obligaciones internacionales al no implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dijo que ponerlo en marcha está entre sus prioridades".
En materia de políticas de seguridad, destacaron que "varios expertos del Comité alertaron sobre la habilitación a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior que se podría desprender de la Declaración de Emergencia en Seguridad de enero 2016 y la autorización del derribo de aviones".
Al respecto indicaron que desde el Estado nacional se "reconoció que el decreto de la Emergencia en Seguridad y el derribo habían sido muy cuestionados y anunciaron que el gobierno presentará un proyecto de ley para cumplir con los estándares internacionales".
En relación con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los delitos de lesa humanidad, desde el CELS expresaron que "los expertos del Comité expresaron preocupación por la continuidad del proceso en general y por el desmantelamiento de áreas importantes del Poder Ejecutivo que lo apoyaban en particular". Sin embargo indicaron que "integrantes de la delegación argentina sostuvieron que este trabajo no será afectado y ratificaron que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado".
