(31/12/15 - Ecuador)-.Varios casos investigados por la Comisión de la Verdad han llegado a los tribunales de justicia, algunos de ellos ya con sentencia y otros en diferentes etapas procesales.
Tras décadas de impunidad en delitos cometidos por agentes de seguridad del Estado, finalmente varios casos investigados por la Comisión de la Verdad han llegado a los tribunales de justicia, algunos de ellos ya con sentencia y otros en diferentes etapas procesales.
Entre los caos más destacados se encuentra el de ‘Amada Suarez”, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa conocido como ‘el niño del terror’ por sus diferentes crímenes cometidos en contra de taxistas homosexuales.
La mujer que sufría de una severa discapacidad auditiva fue asesinada con unos 18 disparos mientras dormía, según la autopsia realizada al cuerpo.
En este caso realizado en semanas pasadas, la Fiscalía logró la vinculación de ocho policías miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) como responsables del operativo y de la ejecución extrajudicial de la mujer y deberán continuar con el proceso legal hasta el juicio.
En septiembre, la Corte Nacional de Justicia sentenció a otro policía a 16 años de cárcel "como autor del delito de ejecución extrajudicial" por el asesinato de ocho personas durante una operación de asalto a una farmacia en el norte de Guayaquil, conocido como el caso ‘González y otros’.
En este caso, desde 2014 han sido condenados 13 exunifiormados que formaban parte de una unidad de elite de la Policía por el delito de violación a los derechos humanos.
Por otra parte, se encuentra el caso ‘Vaca, Cajas,Jarrín’, detenidos arbitrariamente y después torturados durante el gobierno de extrema derecha del presidente León Febres Cordero (+), caso que lleva 30 años de impunidad.
La audiencia de juzgamiento en este caso fue para cinco exmiembros del Ejército y debió efectuarse en noviembre. Sin embargo a causa de un problema de salud de uno de los supuesto culpables, esta fue suspendida y se espera fecha.
De 136 casos que se investigan en Fiscalía, cerca de 70 son por delitos de lesa humanidad sucedidos entre 1984 y 1988. Los otros casos se enmarcan en graves violaciones a los derechos humanos, como ejemplo tenemos el caso “González y otros”.
En cuanto a atentados a los derechos humanos, en noviembre, el teniente de la Escuela Superior Militar (Esmil), Fernando E., fue declarado culpable de odio racial contra el joven afrodescendiente Michael Arce y deberá cumplir cinco meses cuatro días de cárcel.
El pasado 14 de diciembre, se incrementó la pena a seis años de cárcel para cuatro expolicías por su participación en los delitos de tortura dentro del caso ‘Lema’, en el que fueron torturadas cinco personas en 1998.
Por otra parte, entre los programas emblemáticos impulsados por la Judicatura para fortalecer el sistema judicial del país andino se encuentran el programa nacional de Mediación que, según datos del organismo, implementó 60 centros a escala nacional y atendió más de 100 mil casos, de los cuales el 85% llegó a un acuerdo.
No se puede dejar de lado el trabajo conjunto con otros países como Francia, país que ha colaborado con el desarrollo de la Escuela de la Función Judicial a los procesos de evaluación, formación, diseño e implementación de metodologías.
En cuanto al sistema penal, un hito fue el lanzamiento de la carrera técnica de Seguridad Penitenciaria, proceso educativo que cuenta con la colaboración de Chile y Francia y que permitirá la formación y profesionalización de agentes penitenciarios.
Otro logro tiene relación con las diligencias para la repatriación de presos extranjeros que cumplían penas de cárcel en Ecuador, lo que permite que puedan cumplir la sentencia en sus países de origen.
Así, un total de 455 personas privadas de libertad (PPL) han dejado las cárceles ecuatorianas desde la aplicación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en agosto de 2014 ya sea por repatriaciones, reducción de penas, cumplimiento de sentencia, entre otros.
Solo entre enero y diciembre de 2015, el Ministerio de Justicia remitió 74 solicitudes de repatriación a su par colombiano, de las cuales 38 fueron ejecutadas.
