Asi lo manifestaron 68 organizaciones y movimientos defensores de DDHH en rueda de prensa. María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), rechazó en nombre de esas organizaciones esta iniciativa legislativa que solo busca promover la impunidad.
"Una Ley de Amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las víctimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela", y equipararía a los diputados opositores "a los congresos legislativos de América Latina que en el siglo XX obedecieron y encubrieron a violadores de derechos humanos, y que aún lo hacen en diversos países, para vergüenza y oprobio de los pueblos que los eligieron", sostuvo Russián.
Al firmar un comunicado en el que exponen los efectos que para la democracia venezolana tendría la aprobación de cualquier instrumento que atente contra la búsqueda de la justicia, solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, que mediante una Ley Habilitante se cree una comisión con participación de Poderes Públicos y las víctimas, con el propósito de estudiar cada uno de los casos.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de 97 organizaciones de derechos humanos de otros países, que también han mostrado su solidaridad con víctimas que han sido objeto de la violencia organizada por sectores políticos de la oposición.
Esta propuesta de Ley de Amnistía fue rechazada igualmente por la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002 (Asovic) y el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, integrado por familiares de los 43 venezolanos asesinados durante el plan denominado La Salida.
En abril pasado, el Estado venezolano indemnizó a 56 víctimas del Golpe de Estado del año 2002. Otras 74 víctimas también recibieron apoyo tras los daños causados el 27 de febrero de 1989 en la rebelión popular conocida como El Caracazo.
