A través de un comunicado, la CPM, junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales hicieron una presentación para que Vidal anule el decreto que designa a Albarracín como fiscal de casación adjunto. El argumento de las organizaciones se centra en que Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia provincial, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense, transcurso en el que denunciaron “graves violaciones a los derechos humanos”.
“El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda”, sentenciaron en la misma misiva.
Asimismo, recordaron que la Constitución provincial reclama el “respeto por los derechos humanos” y los “valores democráticos”, mientras que por el contrario, opinaron, la gestión de Albarracín en la subsecretaría se basó en la “negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su Libertad en la provincia”.
“Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del doctor Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar”, enumeraron.
Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala también una “reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales” por parte de Albarracín, al tiempo que aseguran procedió de manera “sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de hábeas corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados”.
Además de estos antecedentes, subrayaron el tiempo que ha transcurrido en el proceso de designación del fiscal, lo que evidencia un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable para evitar una parálisis que conspire contra los fines del sistema de designación de magistrados y afecte el mandato de efectividad en la tutela judicial”. Este proceso, dijeron, tiene cinco años de demora y su principal explicación se encuentra en los “intereses personales” del candidato, que “privilegió” la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, “en evidente desmedro de la justicia y los derechos”.
Entre los que acompañan el pedido se encuentra el CELS, FOJUDE y AJUS La Plata, el defensor de Casación, Mario Coriolano, el juez de Cámara de Mar del Plata, Marcelo Madina, Pedro Sisti del CEPI y la defensora oficial de San Martín, Maria Dolores Gomez.
