Unos y otros integran el total de 7.585 presentaciones a favor y en contra de que ambos juristas integren el máximo tribunal, que fueron recibidas en el Ministerio de Justicia al concluir hoy el mes que fija el decreto 222/03 como plazo para que se formulen observaciones públicas de los candidatos.
Entre los respaldos más notorios figura el que la DAIA dio a Rosenkrantz con el argumento de que se trataría del primer judío en integrar la Corte y el del Arzobispado de Santa Fe a favor de Rosatti, fundado en los cargos que ocupa en la Universidad Católica local, además de decenas de entidades del derecho y universidades donde dictaron cursos a favor de ambos.
Por el contrario, la mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos, inlcuyendo entre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y el Centro de Estudios Legales y Sociales, objetaron a ambos con un argumento que se reitera: convalidaron el procedimiento de designación por un decreto presidencial al que califican de “irregular y de dudosa constitucionalidad”.
El 14 de diciembre pasado, el presidente Mauricio Macri designó a Rosatti y Rozenkrantz “en comisión” para cubrir los dos cargos vacantes de los cinco miembros que debe tener la Corte por la ley vigente.
Invocó para ello un inciso del artículo 99 de la Constitución Nacional que faculta al mandatario a cubrir cargos en comisión cuando hay receso parlamentario, con la simultánea omisión del trámite ordinario de audiencias públicas y posterior votación en el Senado con una mayoría especial de dos tercios, también fijada en la Constitución.
En medio de la polémica, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acordó con Macri aplazar la toma de juramento de los dos designados.
Mientras, comenzó a correr el plazo de un mes para recibir avales y rechazos a partir de que se publicaron los curriculums de Rosenkrantz y Rosatti en los diarios de mayor circulación.
Según los registros guardados la oficina de Decretos del ministerio, entre las entidades requeridas (a las que se pidió opinión) que se manifestaron a favor de Rosenkrantz y de Rosatti figuran el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Academia nacional de Derecho y Ciencias Sociales que encabeza Gregorio Badeni y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Politicas, de Manuel Solanet, asi como el sindicato la Unión Personal Civil de la Nación.
En algunos casos se trata de declaraciones en las que dejan sentado que no ven reparos además de ponderar la “probidad” de los candidatos.
En cambio, Abuelas, APDH, Federación Judicial Argentina y la Fundación de Altos Estudios Sociales centran su crítica a que ambos pretendientes no rechazaron el procedimiento presidencial de entrada, mientras que en presentaciones a título individual los diputados del FPV Nilda Garre, Hector Recalde y Juliana Marino, rechazan directamente el mecanismo.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Asociación de Magistrados que presidente Ricardo Recondo declinaron emitir opinión.
Mientras, un grupo de mujeres encabezadas por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y concejal de Tigre, y su madre, la diputada Marcela Durrieu, rechazan a ambos candidatos porque no contempla un “cupo femenino” reclamado.
Con la firma de Cesar Cigliutti, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) respaldó a Rosenkranstz por su “defensa” de la entidad y de los derechos humanos aun antes de tener la personería.
En cambio, la Comisión de Familiares de Desaparecidos que encabeza Angela Boitano pone de manifiesto que el mismo candidato cuestionó los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron juzgamiento por delitos de lesa humanidad, además de tener como clientes en su estudio al Grupo Clarin y a Cablevisión.
Los miles de presentaciones a favor y en contra de Rosatti y de Rosenckantz se almacenan ahora en una oficina del cuarto piso del Ministerio de Justicia, donde Rosatti dejó una buena impresión cuando estuvo al frente de esa cartera durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Los responsables del área los han clasificado según el carácter de la entidad y su contenido, esperando el momento de poder enviarlas al Senado de la Nación para que los propios designados enfrenten los argumentos en audiencias públicas antes de la votación.
